El conflicto universitario se ha agudizado este jueves en Argentina con una huelga de profesores y la toma de varias facultades por parte de los estudiantes en repudio al veto presidencial a una ley que buscaba garantizar mayor financiación a la educación pública superior.
Este jueves no hubo clases en el medio centenar de universidades públicas que hay en Argentina, luego de que en la víspera el veto del presidente del país, Javier Milei, quedara en firme tras una votación en la Cámara de Diputados en la que la oposición no logró los votos necesarios para rechazar la decisión del jefe de Estado.
A pesar de que 160 diputados votaron en contra del veto y 85 a favor, se necesitaban dos tercios de las sillas de la Cámara Baja para rechazar la medida de Milei y dejar en firme la ley de financiación universitaria, hecho al que los sindicatos de profesores reaccionaron con la convocatoria a una huelga este jueves.
«La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirepublicano de gobernar por decreto del Gobierno nacional», expresó en un comunicado el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
Al cabo de una reunión de representantes sindicales realizada este jueves, la Federación de Docentes de las Universidades convocó a una nueva huelga de profesores para el próximo 17 de octubre.
Cerca de 2 millones de estudiantes acuden a universidades financiadas por el Estado, muchos de los cuales han tomado esta semana los edificios de diversas casas de altos estudios en distintos puntos del país para reclamar el Gobierno, que ha cuestionado la protesta.
«Es un delito tomar una universidad como lo es tomar cualquier edificio. Entendemos que el espacio para discutir los fondos de las universidades es el Presupuesto 2025», señaló este jueves en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien volvió a defender el veto presidencial.
La ley de financiación universitaria, aprobada por el Parlamento el pasado 13 de septiembre, establecía actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7 % interanual.
Asimismo, ordenaba una recomposición de los salarios universitarios, también teniendo en cuenta la inflación.
El pasado 3 de octubre, Milei vetó la norma con el argumento de que su aplicación comprometería el objetivo del equilibrio fiscal buscado por el Gobierno.
«El equilibrio fiscal es política de Estado y es inamovible. La rotura de eso implicaría que los argentinos seamos más pobres», insistió este jueves Adorni.
De acuerdo a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley habría tenido un impacto presupuestario equivalente al 0,14 del PIB, por lo que la comunidad universitaria considera que no afectaba sustancialmente a las cuentas públicas.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales argentinas, aseveró en un comunicado que el 70 % de los salarios de profesores y personal no docente universitario está por debajo de la línea de la pobreza y que los fondos asignados por el Estado no son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura universitaria.
También advirtieron que está en peligro la continuidad de becas universitarias y que hay insuficiente inversión en investigación, ciencia y tecnología.
Representantes de los recortes, los profesores y los estudiantes acordaron reunirse el próximo martes para coordinar un «plan de lucha» a nivel nacional.
Con información de EFE
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