Un total de quince denuncias presentadas ante la Contraloría Municipal motivaron la detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, la noche del martes primero de octubre.
La concejala Jessy Gascón, jefa de la fracción del Gran Polo Patriótico en el Concejo Municipal de Maracaibo, denunció las presuntas irregularidades presentadas en la gestión del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez y el presidente del Concejo Municipal de la ciudad, José Bermúdez.
La concejala del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) precisó que de las 15 denuncias consignadas ante la Contraloría Municipal, algunas ya se encuentran en proceso de auditoría e investigación. “Entre estas irregularidades resaltan las dificultades administrativas presentadas para los cierres fiscales, período 2022-2023, de institutos y para-municipales de la Alcaldía de Maracaibo”.
Gascón denunció “el manejo inadecuado de recursos, como la malversación de fondos invertidos en la Media Maratón de Maracaibo 2024, que estuvo a cargo del jefe del despacho del alcalde Rafael Ramírez, asegurando que pese a que dicho evento contó con importantes aportes financieros y no financieros de aproximadamente 35 patrocinadores, se cargaron grandes gastos a la administración del Instituto Municipal del Deporte y Recreación (Imdeprec), existiendo así un importante desvío de los recursos municipales”.
Una a una, Gascón señaló las presuntas irregularidades encontradas en la investigación edilicia: “Tenemos los acuerdos o convenios sostenidos entre la Alcaldía de Maracaibo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la recuperación del Complejo Deportivo Patria Joven y las empresas Chevron y Repsol para la apertura del Centro de Diagnóstico de Maracaibo del Oeste. Pues ninguno de los acuerdos, contratos o convenios sostenidos pasaron por la aprobación del Concejo Municipal”, acusó.
La edil también manifestó que “los supuestos camiones de recolección de desechos sólidos, adquiridos en abril de este año, no son propiedad del municipio sino de una empresa brasileña, los mismos se encuentran en una negociación desconocida, no cuentan con la permisología nacional para operar legalmente y algunos solo tienen un permiso turístico de circulación por hasta 90 días en el territorio nacional”, acusó.
Destacó que “una de las denuncias más importantes se centra en la manipulación del Sistema Patria y el engrosamiento ilegal de las nóminas desde el inicio del 2023, otorgando pagos irregulares, según el partido político, a directivos, concejales y concejalas de oposición (PJ, UNT, VP y AD), violentando las escalas salariales y el principio de Omissis (igual cargo, igual responsabilidad, igual función, igual salario)”, aseguró Gascón.
El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, había pedido el jueves 26 de septiembre la liberación de Pedro Guanipa, jefe de su despacho quien, según el burgomaestre maracaibero “fue detenido sin cometer delito alguno al momento de ir a sellar su pasaporte para salir del país, rumbo a Bogotá”.
Cinco días después, Ramírez fue detenido en las instalaciones de lo que se conoce La Villa Varmen en la avenida Bella Vista de Maracaibo por funcionarios del Sebin, junto a una alta funcionaria de la alcaldía, Margarita Assenza; el director de seguridad ciudadana de la ciudad, David Barroso y dos escoltas.
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