Cuando días atrás el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se solidarizó con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, lo hacía ante la amenaza de un enemigo en común: la extrema derecha y el imperialismo estadounidense, en sus empeños por defenestrar a los gobiernos progresistas de nuestra región.
En el caso del mandatario colombiano, al igual que ha ocurrido con el nuestro, prácticamente desde que tomó posesión del cargo el 7 de agosto de 2022, no han cesado los intentos de sacarlo del Palacio de Nariño por distintas vías, la más reciente de ellas a través del Consejo Nacional Electoral, que bajo la excusa de un presunto exceso en los límites de gastos en su campaña, está tratando de impulsar un juicio político en su contra.
El jefe de Estado colombiano lo ha venido denunciando en distintas oportunidades. El 1° de este mes, en su cuenta en la red X sostuvo que “se han organizado para dar el golpe de Estado (…) Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo (…) Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”, sentenció.
La batalla
Al respecto, el periodista Luis Alfonso Mena, director del periódico Paréntesis en Cali, subraya que “el presidente no se ha quedado quieto, ha venido dando una batalla legal para enfrentar esta ofensiva y ha llamado al pueblo a una contraofensiva. Este fin de semana se va a realizar una Asamblea Nacional Popular en apoyo a sus reformas y en contra del golpe de Estado. El 19 va a haber una gran movilización” en todo el país.
“Los que están impulsando la supuesta sanción no es constitucional, la está encabezando un señor de apellido Prada (Álvaro), que está investigado por haber participado en todo el trámite oscuro con Álvaro Uribe con los falsos positivos. El Consejo Nacional Electoral está integrado por parlamentarios fracasados que no pudieron acceder ni al Senado ni a diputados y sus partidos los designaron para ir a calentar banca con unos honorarios altísimos, pero son simplemente agentes de la oligarquía”, detalla el comunicador.
Mena, quien también es abogado, subraya que “el golpe viene desde hace rato, preparado por la extrema derecha. Comenzó desde el mismo momento en que fue electo presidente. Últimamente se han desatado una serie de acontecimientos que recrudecen esa planificación por parte de la oligarquía y el uribismo”.
De los mismos forma parte “una tergiversación de la propuesta del presidente a los banqueros para que privilegiaran la inversión en la economía popular; los medios y los políticos de la ultraderecha dijeron que estaba presionando e impulsando una expropiación de los ahorros y con eso generaron pánico económico, lo cual es un delito. Al fracasarles eso, porque el presidente llegó a un acuerdo por 55 billones de pesos para créditos a la economía popular entre otros sectores, difundieron una narrativa falsa en el sentido de que iba a incrementar un impuesto para las transacciones bancarias del 4 x 1.000 al 5 x 1.000, otro infundio que se les cayó”.
“Ahora, por intermedio del CNE, integrado por ‘magistrados’ que en realidad son politiqueros, la mayoría de los partidos de la oligarquía tratan de endilgarle al presidente una supuesta superación de topes en la campaña, lo cual es falso, pero han instaurado esa narrativa”, afirma.
Luis Alfonso Mena recalca que “el CNE no tiene facultades constitucionales ni legales para sancionar al presidente. Además, desde el punto de vista del derecho es improcedente, porque esa investigación debió iniciarse 30 días después de la campaña electoral y han pasado más de dos años. Es una artimaña de la oligarquía, pero además, recurren a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, cuya composición es de mayoría uribista, donde les dijeron que sí pueden hacerlo”.
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