Ha concurrido un grupo de venezolanos ante el Consejo Nacional Electoral que actúa en ese país a los fines de promover un referendo revocatorio contra el señor Nicolás Maduro, bajo el argumento que el 24 de mayo pasado se cumplió la mitad de su período, pues ante la fenecida constituyente del 2020 se juramentó ese dia del año 2018. 

Gonzalo Oliveros Navarro

@barraplural 

La solicitud planteada ha empezado a generar inquietudes referidas tanto a la oportunidad como al receptor de la solicitud y la persona contra quien esta va dirigida. 

Respecto de la primera, a tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la Constitución el período presidencial se inicia el 10 de enero del año que corresponda, por lo que de ser cierta la tesis de los propulsores del referendo se habría producido una reforma tácita de dicho dispositivo que habría implicado, o la reducción del período iniciado el 2013 o la ampliación del siguiente. 

Por lo que se refiere al órgano al cual se dirigió la solicitud, una parte del país no cree en la legalidad del mismo como consecuencia de haber sido designado por la Asamblea Nacional producto de las elecciones del 6D discutidas políticamente.

Finalmente en relación con el señor Maduro, las circunstancias de su elección en mayo de ese año 2018 han motivado que una parte de los venezolanos –y de la comunidad internacional también- estime que no tiene la condición que se abroga y que motiva la solicitud. Vistas así las cosas, varios son los problemas. 

El primero –y no en orden de importancia- se refiere a la oportunidad, lo que seguramente algún interesado planteará ante los señores que fungen como magistrados del alto tribunal caraqueño, es la tempestividad de la solicitud, la cual, nadie dude, será decidida conforme a las conveniencias del señor Maduro y la presión internacional que tenga. Así ellos definirán si el período comenzó en esa fecha o lo hizo el 10 de enero de 2022.

 El segundo se refiere tanto a la legitimidad del órgano ante quien se presentó la solicitud como el destinatario de la misma. Por lo que se refiere a los que actúan en el Poder Electoral, guste o no serán éllos quienes adelanten todos los eventos electorales que en el país se celebren por los próximos años, de manera tal que lo que hagan mientras no sean sustituidos, será la primera prueba de fuego respecto de la facilitación de los mecanismos de participación ciudadana que la Constitución establece, de allí que tendrán 364 días para realizar el evento con efectos ciertos ante la ciudadanía.

Finalmente por lo que se refiere al tema del reconocimiento, ya lo he escrito en otras oportunidades, es lo cierto que quienes en Venezuela viven, así no estén de acuerdo con la integración de ninguno de los poderes públicos, la fuerza de los hechos los obliga a acatarlos. 

Así las cosas queda un último problema. Si los abogados dicen que sí estamos en la mitad del período y los rectores elegidos por ese parlamento fijan una oportunidad para hacer el revocatorio antes de llegar al 24 de mayo del 2022, ¿que habrán de hacer los ciudadanos?. ¿Se abstendrán porque participar significa “reconocer” a quienes ocupan los poderes venezolanos, participaron en la decisión o serán afectados por ésta o en su defecto, participarán buscando que el señor Maduro desaloje Miraflores y 30 días después se celebren elecciones presidenciales?. 

En todo caso, es lo cierto que mientras la situación planteada  se dilucida, los venezolanos ya han sido convocados por los integrantes del referido órgano comicial, a elecciones regionales y municipales para el próximo noviembre.