La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reformó este martes el Código Procesal Penal con el que facultan a la Policía Nacional a tener autoridad para allanar, sustraer equipos electrónicos e informáticos y exigir a las telefónicas la información digital (llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalización) de las personas que estén bajo su investigación, sin necesidad de una orden judicial.
La reforma procesal penal, propuesta por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fue aprobada por 89 de los 91 diputados que integran el Parlamento.
La iniciativa reformó 8 artículos del Código Procesal Penal, entre ellos uno que autoriza a la Policía requerir a la empresa de telefonía «información de los titulares de lineas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización, la ubicación de antenas emisoras y receptoras».
También el «número del módulo de identidad del suscriptor, de las direcciones de protocolos de internet, la identidad internacional de un equipo móvil y los usuarios vinculados a los equipos de las empresas telefónicas”.
Con información de EFE
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