En la noche de este 25 de mayo, el Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca, ardió luego de fuertes disturbios que se vivieron en la zona en medio de las protestas sociales en ese municipio.
Por: El Espectador de Caracas con información de Infobae
El Cuerpo de Bomberos de Tuluá aseguró a El País que unidades del organismo lograron acercarse al edificio y hacer un proceso de refrigeración de las paredes para evitar que las llamas se extendieran a otras viviendas.
“Por el problema de orden público en el sector, la situación está un poco complicada, entonces no hemos podido ir a hacer las labores bomberiles para apagar el incendio estructural, pero estamos en una valoración inicial y esperando que tengamos el área segura para poder ir a operar”, citó el medio regional.
Estos son algunos videos que circulan en las redes sociales:
Arde #Colombia literalmente!! Es el Palacio de Justicia de Tuluá, municipio colombiano en la región central del Valle del Cauca. Si esto no es terrorismo, me pueden decir qué es entonces? La pregunta: hasta cuando se van a permitir estos actos?! #25Mayo pic.twitter.com/GR0rG0td6y
— Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) May 26, 2021
Incendian Palacio de Justicia de Tuluá pic.twitter.com/WnGLcYSnxN
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 26, 2021
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “Rechazo y condeno estos actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo. Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito”.
Así mismo, el Consejo Superior de la Judicatura condenó la destrucción del palacio. “La puesta en peligro de vida e integridad de servidores de despachos judiciales. ¡Los actos violentos deben cesar! La prioridad es la vida y la justicia, garante de derechos fundamentales de los ciudadanos”, indicaron.
Y agregaron: “Actos violentos como el sucedido en Palacio de Justicia de Tuluá ya ha ocurrido en otras sedes judiciales. La destrucción de expedientes no puede ser un fin, pues obstaculiza el propósito de construir una sociedad más justa”.
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