El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un plazo suplementario de siete años para implementar los Acuerdos de Paz en sus tres vertientes principales: reforma agraria, inclusión territorial y unificación del sistema judicial de verdad y reconciliación.
Petro dijo que esa triple reforma requerirá un pacto de Estado en Colombia, pero ante todo un decidido apoyo de la comunidad internacional, principalmente para financiar el costo que ha calculado en 50.000 millones de dólares, una cantidad que Colombia no tiene porque se encuentra endeudada.
En este sentido, lanzó una doble propuesta que requerirá del apoyo internacional: por un lado, reducir el llamado «riesgo país» de Colombia y permitir así un plan de reconstrucción en las zonas más marginadas similar a la que tuvo lugar en Europa con el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial o en Corea del Sur tras la Guerra de Corea. En lugar de pedir dinero -razonó-, dijo que él opta por «potenciar la capacidad financiera del Estado colombiano».
Lo que Colombia puede ofrecer al mundo a cambio de esa reforma en la deuda -explicó Petro- tiene que ver con la acción climática: preservar la zona selvática colombiana contigua a Panamá, que definió como una de las más diversas del mundo pero que aloja actualmente la mayor parte de los cultivos de coca.
«Cambiar la deuda colombiana por acción climática», resumió.
Razonó que si su Gobierno consigue implementar su plan de triple reforma en esa zona del país y erradicar así la coca, habrá conseguido un triple objetivo: «La paz de Colombia acabará la cocaína en el mundo y salvará el tercer pulmón» global, pero «necesitamos financiarla con nuestros recursos», explicó.
La intervención de Petro ante el Consejo se extendió por más de 40 minutos en los que hizo un repaso a los obstáculos que afrontan los acuerdos de paz, pero no llegó a «denunciar» esos acuerdos en su totalidad, como había sugerido recientemente en declaraciones en Bogotá; más bien, se explayó en los numerosos retrasos e ineficacias que impiden su implementación.
Reconoció que todas sus propuestas necesitarán primero un gran pacto nacional con «la mitad de la población» que se oponen a los acuerdos de paz, y para vencer esa oposición abogó por lo que llamó un ‘fast track’, un mecanismo legislativo que permita aplicar las reformas más urgentes por procedimientos rápidos, de modo que esas reformas tengan una traducción inmediata.
«Mientras en Colombia no se construya equidad y democracia, esa violencia seguirá reemplazando los acuerdos de paz por cadáveres», remachó.
Con información de EFE
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