Lilia Camejo, directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, cuestionó categóricamente la medida ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro de transferir la custodia de presos políticos militares -hoy ubicados en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)- al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Por: Espectador de Caracas con información de Alberto News
Sobre el Decreto 4.610 publicado en Gaceta Oficial 42.125, la profesional del derecho subrayó que en el caso de los castrense detenidos por razones políticas, además de violar que la justicia militar prevé los centros carcelarios para estos, podría suponer un enorme riesgo para la integridad física de los mismos, ante el hacinamiento en reclusorios comunes, cifra que hoy supera 171% de la capacidad instalada, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
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