El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), de Brasil, dio a conocer que la cifra de personas que padecen inseguridad alimentaria y nutricional severa se redujo de 33.1 millones en 2022 a 8.7 millones en 2023.

La entidad hizo públicos el viernes pasado los resultados de un estudio sociopolítico que revela que aquel índice afectaba en 2022 al 15,5 por ciento de la población brasileña y un año después a 4,1 por ciento, lo cual supone una caída de más de 11 puntos porcentuales.

Al respecto, el ministro de Trabajo Social, Familia y Combate al Hambre, Wellington Dias, valoró que ese resultado refiere la voluntad del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de retomar políticas públicas de probada eficacia contra el hambre y la pobreza.

Recordó que estas fueron abandonadas durante la gestión del mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien estuvo a la cabeza del país entre los años 2019 y 2023.

El funcionario destacó que el Gobierno de Lula sacó de esa situación «a 24.4 millones de personas, que ahora desayunarán, almorzarán y cenarán todos los días».

La encuesta, aplicada de conjunto entre el IBGE y el  Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre (MDA), reveló que pese al progreso aún 64.2 millones de personas (el 27,6 por ciento los hogares) aún hacen frente a algún grado de inseguridad alimentaria.

De estos, 14.3 millones enfrentaban inseguridad alimentaria leve, 4.2 millones hacían frente a moderada  3.2 millones tenían inseguridad aguda.

El índice de hogares con inseguridad moderada o grave en zonas urbanas fue inferior al de zonas rurales (8,9 por ciento frente a 12,7 por ciento).