Quince años tiene Mario Bonucci como rector de la Universidad de Los Andes (ULA). No por una decisión propia, recalca, sino por una histórica sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dejó atrapados en sus cargos a las autoridades de las principales casas de estudio del país.
Esa situación se destrabó el año pasado con las elecciones en la Universidad Central de Venezuela que pusieron al frente de la institución al antropólogo Víctor Rago luego de que Cecilia García Arocha permaneciera 15 años como rectora.
En la ULA habrá elecciones el 30 de abril. El padrón electoral se publicó el 30 de enero y el período para impugnar listas comenzó al 31 de enero y culminó el 16 de febrero. 32.000 personas están registradas para elegir a las nuevas autoridades de la institución andina de 239 años de historia, según informó recientemente a Radio Fe y Alegría la profesora Ceres Boada, presidenta de la comisión electoral de la universidad. El proceso será manual y presencial.
Sin embargo, Bonucci, ingeniero mecánico y abogado con 43 años de antigüedad en la ULA, apunta diferencias entre las elecciones de la universidad andina y la UCV. Principalmente subrayó que estos comicios se realizarán tomando en cuenta el artículo 109 de la Constitución, que establece el respeto a la autonomía universitaria, y no bajo la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia, la cual impuso un proceso de acuerdo con los parámetros del artículo 34 numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación, que establece que las elecciones deben organizarse «con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato irrevocable».
La ONG Acceso a la Justicia, en un artículo publicado en 2020, señaló que la sentencia 0324 supuso un golpe de la Sala Constitucional a la autonomía universitaria, pues vulnera el artículo 109 de la Constitución.
Bonucci explicó que en la ULA decidieron tomar en cuenta la Carta Magna y conformaron la Comisión de Factibilidad Electoral, integrada por juristas y académicos, para que indicara en qué ordenamientos jurídicos podían organizar un proceso electoral apegado al derecho. «Este informe de factibilidad, que es bien denso, sustentado en el 109, básicamente expresa que las universidades autónomas tenemos competencia para dictar nuestro propio reglamento», dijo el profesor.
Recordó que esa es una atribución que concede la misma Constitución, la cual, subrayó, está incluso por encima de la Ley Orgánica de Educación.
En cuanto a la situación de la universidad, el rector dijo que se encuentra en «cuidados intensivos» pero, a pesar de eso, se ha mantenido activa y realizando investigaciones. No con el mismo nivel de antes. Por eso Bonucci consideró que es un logro importante el que siga abierta en un momento tan complicado.
Para evidenciar la resiliencia de la ULA, puso como ejemplo un paper científico publicado recientemente por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Titulado Producción de conocimiento en Venezuela 1970 – 2022 y firmado por Ismardo Bonalde y Bárbara Montañes, tiene entre sus conclusiones que en los últimos siete años la universidad andina estuvo por encima de la UCV en cuanto a producción de conocimiento.
«No hemos cerrado ni una sola carrera, no hemos cerrado ni un solo programa. Es cierto, tenemos una diáspora, una merma sensible en todos los sectores de la universidad, sin embargo, esta universidad sigue cumpliéndole al país», expresó Bonucci.
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