El abogado Alejandro Terán Martínez denunció la existencia de mafias en el Poder Judicial que pretenden sabotear la recuperación del negocio petrolero en Venezuela.
Como ejemplo de ello, Terán Martínez describió lo ocurrido con ICM Proyectos 2001, empresa que le presta servicios a Petromonagas, Petropiar y Petrocedeño, entre otras estatales.
Terán Martínez señaló directamente a la jueza Alice Hernández y al ex fiscal Renny Amundarain de haber utilizado la justicia penal “como un instrumento de terror contra empresas privadas e incluso estratégicas para el sector petrolero nacional”.
Esa explicación la explanó Terán Martínez en un documento que consignó ante la Dirección General contra la Corrupción del Ministerio Público, la cual tiene sello de recibida con fecha del 19 de febrero pasado. Allí se explica que todo fue coordinado desde las oficinas de Carlos Vecchio en Estados Unidos, quien se presentaba como embajador de Venezuela en esa nación.
Vechio actuó en conjunto con su socio Jesús Pérez para la toma de ICM “con la firme intención de atentar contra la producción petrolera nacional”, dice Terán Martínez.
En ese plan entró la jueza tercera Antiterrorista Luisa René Garrido, quien ordenó la ocupación de la mencionada empresa en agosto de 2022, indicó el denunciante.
Aun cuando la medida fue revocada por otra jueza (Alice Hernández), ésta volvió a decretarla en noviembre de 2023, intervención que se encuentra vigente, dice Terán, quien aclaró que la semana pasada renunció el presidente de esa segunda junta interventora.
“Los procesos tienen un mismo patrón: un fiscal permanente, un juez permanente actuando fuera de su jurisdicción, una materia de interés nacional que permita imponer sanciones y terror a los involucrados para después buscar un acuerdo reparatorio a cambio de sumas importantes de dinero”, señaló el abogado denunciante.
Terán Martínez recordó que en esa confabulación judicial participan abogados privados y refirió concretamente a Ricardo Mejías, quien en agosto de 2021 lo contactó para informarle que Jesús Pérez había denunciado a ICM, “a lo cual requería dinero para que dicha denuncia fuera a las oficinas del Fiscal 94 (Renny Amundarain), que tenía pleno control de ésta”.
El documento redactado por Terán Martínez refiere que lo planteado por Jesús Pérez era un chantaje y como tal lo rechazaron. “En virtud de ello, la Fiscalía 94 inició la investigación MP-149925-2021 con ocasión de la denuncia presentada por Jesús Pérez…los abogados demandantes así como los mismos funcionarios del Ministerio Público, uno de ellos Amundaraín, hoy sometido a un proceso penal, solicitaron dinero para sobreseer la causa”, concluyó Terán.
Síguenos en Telegram, Instagram y X para recibir en directo todas nuestras actualizaciones
