Los integrantes de la oficina técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU querían fungir como auditores de expedientes, precisó el Fiscal General de la República Tarek William Saab, al ser consultado sobre la suspensión de la mencionada dependencia en el país.

Afirmó que en el caso de Rocío San Miguel, “a pesar de haber sido informados que estaba imputada, de haber sido recluida en el Sebin, a pesar de toda esa información, ellos seguían manteniendo la tesis de que había una desaparición forzada y no rectificaron”.

Para Saab, resulta ofensiva la actuación de los representantes de la oficina cuyo carácter es técnico.

Consideró el Fiscal que dicha oficina “arrancó para hacer actividades de cooperación de formación, más allá de asesorías técnicas, comenzaron por preocuparse de forma muy extraña en expedientes vinculados todos ellos a personas que tenían orden de aprehensión o que habían sido imputadas, acusadas, incluso algunas ya condenadas por casos que para nada tiene que ver con la defensa de los Derechos Humanos, sino casos de conspiración de asesinatos”, aseveró.

Detalló que cada día eran más largas las listas de solicitudes, incluso aquellos referentes a la lucha contra la delincuencia organizada.

“Pidiendo expedientes que están en la Dirección General contra la corrupción, a delitos comunes”, agregó, informando que habrían solicitado revisar el expediente del caso de Canserbero, lo cual a su juicio es “muy llamativo”.

Con información de Últimas Noticias

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