El equipo legal de la activista de DDHH, Rocío San Miguel, detenida desde el pasado viernes por estar «presuntamente vinculada» con una trama conspirativa para asesinar a Nicolás Maduro, denunció este miércoles el allanamiento de la vivienda de la también abogada.

«Tememos que pudieran estar sembrando evidencias», dijo la defensa de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, que denunció que el allanamiento se llevó a cabo a partir de las 18.55 hora local (22.55 GMT).

Señaló que en el lugar se encontraba Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista, quien también fue detenida, aunque posteriormente excarcelada con «prohibición de salida del país» y «de declarar a los medios», junto con otros tres allegados de la defensora de DDHH, entre ellos dos hermanos.

Este martes, los tribunales decretaron la privación de libertad contra la activista, así como también contra Alejandro José González Canales, expareja de San Miguel, según confirmó uno de los abogados.

La presidenta de Control Ciudadano fue detenida el viernes pasado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pero su arresto fue confirmado el domingo por el fiscal madurista, Tarek William Saab, por lo que su defensa insiste en que se trata de una «desaparición forzosa».

Sin embargo, el fiscal negó este miércoles que se haya configurado una «desaparición forzada», y aseguró que se procedió a la detención porque la activista «aparece textualmente mencionada» en una orden de operaciones de la trama conspirativa denominada ‘brazalete banco’, con la que se pretendía atentar contra el jefe de Estado y otros altos funcionarios.

Una treintena de miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela rechazaron este miércoles la detención de la activista, un hecho que catalogaron como un «ataque feroz» al espacio cívico y a los defensores de derechos humanos.

Con información de EFE

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