El Gobierno de Colombia declaró emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país en respuesta a recientes homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, esta medida permitirá ejecutar diversas acciones, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos.
Asimismo, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad.
Osuna agregó a medios de prensa que también se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención.
«Esta emergencia busca la protección de la vida y el trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia del Inpec, así como la necesidad de reforzar medidas contra la extorsión, especialmente tras los hechos registrados en Tuluá (departamento del Valle del Cauca)», señaló.
Por su parte, el Inpec explicó que, entre los antecedentes que llevaron a esta determinación, también sobresale un incremento del 41 por ciento de los casos de extorsión.
También, un aumento del ciento por ciento de los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos pérdidas humanas registradas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.
Estos actos criminales podrían ser represalias de las organizaciones delictivas de alto calibre, en respuesta a las operaciones contundentes llevadas a cabo por la Fuerza Pública bajo las directrices del Gobierno nacional, opinó.
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