Tras una serie de protestas llevadas a cabo en Cusco, Perú en contra de la privatización del santuario de Machu Picchu, el legislador, Luis Aragón, presentó una moción de interpelación contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.
En tal sentido, la ministra Urteaga deberá responder ante el Congreso de la República por la “tercerización de la venta de los boletos virtuales para el ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu”. Dichas entradas son vendidas a través de la plataforma web de la empresa privada Joinnus, esta acción derivó en varias acciones de calle por parte de la ciudadanía que grita “Machu Picchu no se vende”.
Pese a que el descontento social tuvo cabida dentro del Congreso de la República, varias organizaciones sociales de la ciudad de Cusco convocaron un paro general indefinido para ejercer más presión sobre la decisión de la venta de entradas al patrimonio cultural peruano.
La iniciativa del paro general indefinido es llevada por el Comité de Lucha por la Defensa del Pueblo de Machupicchu; dicho paro tuvo vigencia desde este 25 de enero.
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