El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala ha dado instrucciones para que se revise la licencia ambiental del proyecto minero Cerro Blanco. Se trata de un permiso aprobado inicialmente en 2007, y que fue renovado el pasado 9 de enero, durante la última semana laboral de los funcionarios del anterior Gobierno del expresidente Alejandro Giammatei.
La medida, tomada in extremis antes de la toma de posesión del nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, está levantando fricciones entre Guatemala y El Salvador por las implicaciones medioambientales que conlleva.
El proyecto, explotado por la empresa canadiense Bluestone Resources, se ubica a 18 kilómetros de la frontera con El Salvador. La mina a cielo abierto afecta a la quebrada El Tempisque, que desemboca en el lago Güija, que a su vez se conecta con el río Lempa, ambos fronterizos con el territorio salvadoreño.
Se calcula que más de 4 millones de salvadoreños dependen del agua del río Lempa, que ven con preocupación como ya la quebrada de El Tempisque excede los valores recomendados de varios metales pesados.
El municipio guatemalteco de Asunción de Mita realizó una consulta a su comunidad en 2022, en la que 7.475 personas votaron en contra de la mina. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas se opuso a la consulta, mientras que Elevar Resources –subsidiaria de Bluestone– presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Reglamento de Consulta Municipal. El pasado septiembre, la Corte Constitucional falló a favor de la empresa minera.
En la parte salvadoreña también se está alzando la voz. El concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, ha alertado de que esta actividad minera «amenaza con contaminar el agua» del país, y que esa polución «sería difícil de revertir y pone en riesgo la vida y la salud» de la población.
«Mientras todo esto sucede, la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la República guardan silencio. La Comisión de Medioambiente de la Asamblea no se reúne desde septiembre del año pasado y Cancillería tampoco ha dicho nada al respecto», ha denunciado Silva, tras alertar que se trata de un «tema de seguridad nacional» que debe ser abordado «con urgencia».
Según el medio especializado en medioambiente en la región centroamericana Mala Yerba, en 11 años la mina Cerro Blanco descargará entre 600 y 2 millones de litros de aguas residuales cada hora al río Ostúa, que desemboca en el lago Güija.
En ese tiempo, más de 50 toneladas de relaves mineros y 145 toneladas de roca estéril se apilarán en un depósito de 175 metros de altura. Estos deshechos, que tienen un 29 % de posibilidad de generar drenaje ácido, llegarían tan solo en 49 minutos al lago Güija, en el caso de que el depósito colapsara.
Se estima que la minera extraerá 26 millones de onzas de oro (más de 737.000 kilogramos) y 10,6 millones de onzas de plata (más de 300.000 kilogramos), produciendo aguas residuales que contendrán cianuro, cadmio, plomo, níquel y otros elementos tóxicos.
El humedal al que pertenece el lago Güija también tiene un gran valor medioambiental, al albergar a más de dos centenares de especies de aves, así como 14 especies nativas de peces, por lo que las organizaciones en defensa de la naturaleza avisan de la gravedad que podría constituir su deterioro.
Además, para poder iniciar el proyecto, al tratarse de una mina a cielo abierto, el primer paso es la deforestación de alrededor de 460 hectáreas de bosque.
Por su parte, Bluestone Resource es una de las 12 empresas de la corporación Lundin Group, dedicada a la explotación de recursos naturales, tales como el gas, los diamantes o los metales. Según recoge Mala Yerba, la firma ha pagado al Gobierno guatemalteco 17,3 millones de dólares en impuestos por concepto de exploración e inversión.
Información de Noticias RT
