Barra Plural 1081
Es ese, sin ninguna duda, un tema álgido cuando el mismo no se utiliza como mecanismo de reconciliación sino como medio de satisfacción particular o político de algunos.
En España, por ejemplo, el PSOE, apoyado por las cerca de 15 organizaciones que sustentan el gobierno del señor Sanchez, ha planteado a las Cortes del país una propuesta en tal sentido, diseñada especialmente para liberar de responsabilidad a quienes desde el gobierno catalán del 2017, conspiraron, a juicio del poder judicial español, contra la unidad nacional.
Según entiendo, la propuesta es ampliamente rechazada por los sectores políticos que adversan el accionar del señor Sanchez e inclusive por copartidarios y distintas instituciones del país, bajo el argumento, respaldado por los letrados del congreso español, que esa figura no tiene marco constitucional alguno.
Apuesta el señor Sanchez para la aprobación de la misma, no solo por la mayoría exigua que ha construido en su segundo gobierno sino adicionalmente por el aparente control que, en el tribunal constitucional del país, ejerce el señor magistrado Conde-Pumpido, de pareceres políticos similares al presidente español.
A diferencia de España, donde se discute la constitucionalidad de la medida, lo cierto es que ella si existe tanto en Colombia como en Venezuela.
En el primero de dichos países, la misma se restringe a delitos políticos, como entiende uno que la está limitando el señor Sanchez en España, pero ese no es el caso venezolano.
En nuestro país, conforme al texto constitucional, la Asamblea Nacional tiene competencia excluyente y exclusiva para dictar amnistías, sin calificativo alguno respecto de los hechos que motivan la misma. Fue en ejercicio de esa competencia que los diputados electos el año 2015, durante el primer periodo de su gestión propusieron una medida de esa naturaleza que no fue posible ejecutar por decisión de buena parte de los magistrados del Tribunal Supremo designados entre gallos y medianoche, literalmente, en diciembre de 2015 -intempestivamente- por los diputados que entregarían el cargo nueve días después a nuevos parlamentarios de mayoría opositora.
Observando lo que ocurre en España, estimo que no deberá sorprender a nadie el que, en el caso venezolano, de producirse una derrota del actual gobierno en la elección presidencial que debe celebrarse antes del 10 de enero del próximo año, este, que controlará el poder legislativo hasta enero de 2026 a pesar de que -de alguna manera- se anticipen las elecciones respectivas, adopte una medida como esa que permita un borrón y cuenta nueva respecto de todas las actuaciones comprendidas en la misma, la cual, en caso de impugnación judicial inmediata a su promulgación, será ratificada por el poder judicial que bien le ha servido a la actual gestión venezolana.
Quienes han leído columnas como esta recordarán que he propuesto en infinidad de ellas la necesidad de reinstitucionalizar a nuestro país, partiendo por el poder judicial. Lo que ocurre en España abre en lo personal, un escenario que no había visualizado y que, de materializarse, implicará que sus beneficiarios por delitos distintos a los políticos -como serían por ejemplo los atinentes a corrupción o cualquiera otro- disfrutarán del dinero mal habido durante este triste tiempo de nuestro país lo que de alguna manera no será revisado, discutido y revertido pues, el poder judicial que hoy ejerce, está coptado por compañeros de partido de quienes-con seguridad- serán beneficiarios de esa medida.
Así las cosas, quienes luego de haber utilizado o atesorado el dinero público, por solo citar ese ejemplo, resulten beneficiarios de una medida como esa y en virtud de la misma reciban a través de ella una suerte de finiquito -o paz y salvo como se dice en Colombia- de su gestión, sin duda habrán derrotado al resto de los venezolanos que enfrentaron su accionar dado que, una amnistía como esa, sólo aprovechará a quienes de esa manera actuaron y no al país, como estima uno debe ocurrir cuando de esa figura se trata.
En vista de lo expuesto, los acontecimientos que se desarrollarán en Venezuela los próximos meses permitirán verificar si esa hipótesis que planteo, tiene posibilidad de validarse.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
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