Alberto Aranguibel
Como es perfectamente lógico, las guerras generan alteraciones sustantivas en el funcionamiento del Estado que, casi siempre, en la medida de su intensidad, obligan a reestructurar de raíz los parámetros normales del mismo.
En ninguna nación sometida a la vorágine de la guerra puede esperarse (ni mucho menos exigirse) que las instituciones se comporten de la misma forma en que lo harían en tiempos de perfecta estabilidad social y de paz. Las presiones y demandas ejercidas sobre esas instituciones son completamente distintas de las que usualmente son objeto, por lo general en forma de leyes y reglamentos surgidos del debate político y de las consultas populares democráticas.
Exigirle al Estado un comportamiento acorde a esas leyes y esos reglamentos que han sido formulados en tiempos de completa estabilidad y de paz es someter a ese Estado a una tensión extemporánea en medio de la guerra que solo conducirá a la innecesaria distracción o merma de sus capacidades.
La figura de la “extradición”, reconocida universalmente por el derecho internacional consuetudinario como un mecanismo de protección y respeto de la soberanía de las naciones y simultáneamente del derecho humano que ampara al individuo cuyo expediente es sometido a evaluación tanto por la nación solicitante como por la otorgante para determinar si procede o no dicho recurso, es una de esas figuras del derecho que son afectadas por las alteraciones de las que son objeto las naciones en conflicto.
Más aún cuando se trata de una situación tan particular como la que atraviesa hoy Venezuela en el escenario internacional, acusada como está de ser una “dictadura” en la cual toda disidencia política estaría siendo brutalmente perseguida.
Si estando presos en el país aquellos que hoy serían solicitados en extradición generaban un “ruido” internacional que agudizaba la exposición de Venezuela como régimen forajido, solo hay que imaginar el daño que causarían ahora si aparecen perseguidos por todo el mundo por nuestros órganos de justicia.
Pero, además, qué se ganaría con extraditarlos… ¿Tener que soltarlos más adelante como parte de algún proceso de “liberación de presos políticos” que acuerde alguna mesa de diálogo?
No serían pues extradiciones convencionales sino tiros por la culata.
