Dyluis Rojas, su esposa y sus hijos huyeron de Venezuela y, luego, de Colombia y Chile. Cruzaron desiertos, selvas y ríos con una meta en mente: llegar a Estados Unidos y quedarse ahí.

La familia llegó en junio de 2022. Menos de año y medio después, se pusieron muy felices cuando recibieron la noticia de que su solicitud de asilo había sido aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés), una de las agencias federales que procesa los asuntos de migración. Rojas y su esposa pronto podrían comenzar a trabajar. A la larga, podrían solicitar green cards.

Entonces, unos días después, llegó otra carta, fechada el mismo día y firmada por el mismo funcionario. La misiva señalaba que el motivo de asilo de Rojas había sido determinado “no creíble” y que no se le concedía el asilo. La familia enfrentaba la posibilidad de ser deportada.

Rojas mencionó: “Estábamos de nuevo donde comenzamos”.

No queda claro por qué se emitieron dos notificaciones opuestas y cuál se mantendrá. Los abogados de inmigración afirmaron que la situación de Rojas parecía muy inusual, pero que la mala comunicación dentro y por parte de las agencias gubernamentales era frecuente. Ahora, la familia espera de nuevo y su destino es incierto.

Las cartas contradictorias ponen bajo los reflectores a un sistema que está gravemente abrumado a medida que continúa un flujo de migrantes que cruzan a Estados Unidos.

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