El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley confirmó la vigencia de la prisión preventiva por 36 meses dictada contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por un caso de corrupción por el que es investigado, al rechazar la petición del exmandatario para revisar de oficio esta medida, según una resolución publicada este viernes.
El magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria señaló que la investigación contra Castillo por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, a raíz de los presuntos actos de corrupción en Petroperú, Provías y el Ministerio de Vivienda, es compleja.
Por este motivo, consideró que existe «peligro de fuga y obstaculización» por parte de Castillo, que está recluido en el penal de Barbadillo, en el este de Lima, desde el 7 de diciembre del 2022, cuando intentó dar un golpe de Estado.
La prisión preventiva por este caso fue dictada por Checkley el 9 de marzo del año pasado y confirmada por la Corte Suprema el día 31 de ese mes.
Castillo es procesado como presunto autor de un delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder y del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como en calidad de cómplice del delito de colusión.
La semana pasada, el mismo juez Checkley autorizó que se levante el secreto bancario del expresidente Castillo y de sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado en esta investigación.
Checkley adoptó la medida luego de que se venciera el plazo que establece el Código Procesal Penal para apelar la decisión que tomó su despacho el pasado 10 de noviembre «sin que las partes hayan interpuesto recurso impugnatorio alguno».
En ese sentido, el juez dispuso que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de Fondos de Pensiones levante el secreto bancario de los implicados y remita toda la información solicitada por la Fiscalía en el periodo entre el 12 de abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.
La información comprende el estado de depósitos de ahorros, cuenta corriente, a plazo y compensación por tiempo de servicios (CTS), así como cualquier forma de ahorro e inversión y de operación importe cargada o abonada.
También, las transferencias y remesas de fondos locales, transferencias al extranjero, solicitud de cartas fianzas y tramitadas, y el respaldo financiero de estas mediante cualquier medio.
Castillo asumió la Presidencia de Perú el 28 de julio de 2021 y ocupó el cargo hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras su fallido autogolpe de Estado.
Desde entonces cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración, así como otros 36 meses de prisión preventiva en la investigación por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
Con información de EFE
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