La Unión Europea (UE) mantendrá su cooperación al desarrollo con Palestina tras haber llevado a cabo un informe en el que no aprecia que el movimiento islamista Hamás se beneficie de los fondos comunitarios, pero endurecerá algunas salvaguardias.

La Comisión Europea (CE) presentó este martes su evaluación de la cooperación con Palestina y llegó a la conclusión de que no se han identificado en general «incumplimientos de las obligaciones contractuales», y por tanto continuará la ejecución de la ayuda en curso.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, afirmó en un comunicado que la UE es el mayor donante internacional de ayuda a los palestinos pero que, «tras los terribles acontecimientos del 7 de octubre, era necesaria una cuidadosa revisión» de la ayuda financiera europea, en alusión al ataque del grupo armado de Hamás contra Israel de esa fecha.

«Esta revisión ha confirmado que las salvaguardias vigentes son eficaces. Ahora se está trabajando en el diseño de nuestro futuro apoyo a los palestinos teniendo en cuenta la situación cambiante y aún en evolución», apostilló.

Un alto funcionario europeo indicó por su parte que, «en general, estamos satisfechos de que nuestros controles hayan funcionado adecuadamente, no hemos identificado ningún caso de desvío de fondos a organizaciones terroristas o de financiación que haya facilitado la difusión del odio o el antisemitismo”.

Solo han hallado dos acusaciones “fundamentadas” contra organizaciones de la sociedad civil en relación con incitación, enaltecimiento del terrorismo y discurso de odio, a las que no efectuarán más pagos y de las que recuperarán ocho millones de euros.

Medidas adicionales

En cualquier caso, en el contexto actual en el que los riesgos de que se produzcan esos problemas “han aumentado”, dada “la guerra que se está librando y la atmósfera política tan exacerbada», la CE ha considerado necesario “adoptar medidas adicionales para reforzar los controles actualmente en vigor”.

Así, Bruselas ha identificado medidas adicionales para reforzar las salvaguardias actualmente en vigor, como la inclusión de cláusulas contra la incitación en todos los nuevos contratos con organizaciones de la sociedad civil en Israel y Palestina.

La Comisión podría supervisar esa cláusula mediante el control de los beneficiarios por terceros.

Otra conclusión es que habrá mayor escrutinio de la financiación de terceros y del programa PEGASE de apoyo al desarrollo de los palestinos.

Por último, se introducirán criterios de elegibilidad específicos para evitar que entidades que hayan estado implicadas en actos de incitación al odio y violencia puedan participar en convocatorias o adjudicaciones de contratos.

El comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, anunció el 9 de octubre una revisión de la cooperación de la UE con Palestina a raíz de los ataques terroristas de Hamás contra Israel de dos días antes, para comprobar que no hay un desvío ni abuso de fondos de la UE para esas actividades o incitar al odio, la violencia o el antisemitismo.

La ayuda humanitaria, que de hecho ha sido cuadruplicada, quedó excluida de esta evaluación.

Fuentes comunitarias dejaron claro que no se trataba de una revisión “de las políticas como tales”, sino de “comprobar” si se cumplen las condiciones establecidas en el reglamento financiero para el apoyo de la Unión “en un entorno muy difícil”.

El examen de la ayuda financiera a Palestina abarcó toda la cartera gestionada por la Dirección General de Vecindad y Ampliación de la Comisión Europea (119 contratos por 331 millones de euros), además de los programas gestionados por otras direcciones generales.

Según la CE, quedó despejado el 88 % de los contratos al proporcionar “garantías satisfactorias” sus ejecutores, entre los que se incluyen las agencias de los Estados miembros, las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas y el programa PEGASE, y que representan un importe de 216,4 millones de euros en total.

En cambio, se constató que, en el contexto actual, es “inviable” llevar a cabo siete programas de ese grupo relacionados con infraestructuras en Gaza, con un valor de 75,6 millones de euros (fondos que serán en cualquier caso reasignados a los palestinos).

Por otro lado, la CE espera más información por parte de organizaciones de la sociedad civil y oenegés sobre un 12 % de los contratos, que representan 38,9 millones de euros.

Con información de EFE

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