El Parlamento derogó parcialmente la noche de este miércoles dos polémicas enmiendas legales aprobadas en abril de 2022 que fueron consideradas como una «reforma mordaza» por la Asociación de Periodistas de El Salvador.

Las bancadas legislativas eliminaron del Código Penal un inciso que establecía penas de prisión de entre 10 y 15 años de cárcel a quienes difundieran mensajes relacionados con las pandillas por los medios de comunicación.

No obstante, dejaron vigente el inciso primero que indica dichas penas de prisión para quien participe en la elaboración de «cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones» y «en especial las que tengan como finalidad aludir al control territorial de dichos grupos o a transmitir amenazas a la población en general».

Además, se suprimió del artículo 1 de la Ley de Proscripción de Pandillas la prohibición a los medios de «la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados» por las denominadas maras.

En el decreto para reformar el Código Penal, el oficialismo aseguró que «esta Asamblea considera necesario ratificar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión».

«Ha quedado demostrada la efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad, y la contundencia de las acciones realizadas por el Estado para frenar la difusión de los mensajes que generaban zozobra en la población», agrega el documento.

El texto de la Asamblea Legislativa añade que esto «se ha logrado mediante el trabajo articulado de las instituciones, y sin perseguir o menoscabar en ninguna manera la labor de los medios de comunicación, por lo que se vuelve innecesario en este momento continuar regulando la restricción establecida».

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