El Gobierno de Giorgia Meloni acusó hoy de falta de imparcialidad a la jueza de Catania (sur) que no validó la detención de inmigrantes en un centro de acogida, en contra de las nuevas normas aprobadas por el Ejecutivo, lo que ha soliviantado a los magistrados y llevado a la oposición a acusarla de «alimentar el enfrentamiento institucional».
La líder ultraderechista se mostró este lunes «estupefacta» por la decisión de la jueza Iolanda Apostolico de considerar ilegítima y anticonstitucional la detención de los migrantes establecida en el último decreto migratorio, y su ministro de Interior, Matteo Piantedosi, confirmó que «impugnarán» la sentencia.
Meloni criticó con dureza a la magistrada por «arremeter contra las medidas de un Gobierno elegido democráticamente», además de acusarla de utilizar «motivaciones increíbles» y «declarar unilateralmente Túnez país inseguro, lo que no corresponde al poder judicial»,
Para su vicepresidente Matteo Salvini, «los tribunales son sagrados y no pueden transformarse en sedes de la izquierda»la orientación» y anunció una «reforma de la Justicia, con separación de las carreras y responsabilidad civil de los magistrados que se equivocan”.
Salvini recordó que el próximo viernes comparecerá en el juicio que se sigue contra él en Palermo por impedir que en 2019 atracara en Italia el barco de la ONG española Open Arms cuando era ministro del Interior: «Me arriesgo hasta 15 años de prisión por defender las fronteras y reducir drásticamente los desembarcos y las tragedias en el mar».
«Es gravísimo el hecho de que quien juzgó el caso» haya «manifestado en las redes sociales (…) convicciones políticas contra Salvini y a favor de las políticas migratorias de las ONG», dijo por su parte Sara Kelany, responsable de migración de los Hermanos de Italia, la formación de Meloni.
La Asociación Nacional de la Magistratura (ANM) de Catania, por su parte, defendió a Apostolico, «una persona decente que ha trabajado respetando la ley» y «rechazó con indignación las acusaciones vertidas en su contra».
«Lo que hemos leído son palabras equivocadas en el tono y en el contenido», pues «el poder judicial también examina los recursos contra medidas de la autoridad administrativa y los resuelve sobre la base de la ley», dijo su presidente, Alesandro Rizzo, a los medios locales.
El enfrentamiento ha llegado a la política y la líder de la oposición y del progresista Partido Demócrata, Elly Schlein, ha pedido a Meloni que «deje de alimentar un choque institucional que daña al país».
«Dejen de buscar a un enemigo cada día para ocultar sus responsabilidades. Si buscan responsables del desastre en la acogida, mírense al espejo: es la derecha la que escribe leyes manifiestamente inconstitucionales y luego se enoja con los jueces que hacen su trabajo», dijo Schlein, que lamentó que ltalia se haya quedado «sola» en Europa «para aliarse con Polonia y Hungría».
La decisión del Tribunal de Catania, dictada este sábado, cuestiona el nuevo procedimiento de internamiento y la fianza de 5.000 euros que hay que pagar si se quiere salir del centro de acogida, al considerar ilegítimo tener encerrados a migrantes que han pedido el estatus de asilo.
«El juez cita el artículo 10 de la Constitución, a cuya luz a una persona no se le puede negar el derecho a entrar en territorio italiano para solicitar protección internacional simplemente porque proviene de un país de origen considerado seguro», explicó el abogado Riccardo Campochiaro, presidente del centro Astaldi de Catania.
La ANM nacional aseguró entonces que «es normal que pueda haber medidas de los jueces que vayan en contra de algunos proyectos y programas del gobierno. Y esto no debe verse como una intromisión, es democracia».
Con información de EFE
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