De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título IV, Capítulo III, artículo 253, la potestad de administrar justicia emana de todos los ciudadanos, sin exclusión, y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.
Esa misma norma establece que el sistema de justicia está constituido por el TSJ, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio. Como verán, somos muchos los que de una u otra forma, integramos el sistema de justicia venezolano.
A todas estas, el 26 de Julio de 2.011, a través del Decreto Presidencial No. 8.266, publicado en la Gaceta Oficial No. 39.721, fue creado el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que es un ente dependiente directamente de las ordenes del Presidente de la República y es uno de los órganos que conforman el Gabinete Ministerial del Poder Ejecutivo. La primera persona en ocupar ese Despacho Ministerial fue la ciudadana María Iris Varela Rangel, quien estuvo en el cargo primero, entre 2.011 y 2.013, época del Comandante Eterno, luego hasta el 2.017, ya en el gobierno de nuestro actual Presidente Constitucional, Nicolas Maduro. Entre el 2.017 y 2.018, la cartera ministerial en comento estuvo a cargo de la ciudadana Mirelys Contreras, regresando nuevamente a ese Despacho la Dra. Varela en el año 2.018 hasta el 2.020, y desde entonces, se hizo cargo del Ministerio, por segunda vez y hasta el presente, la Dra. Mirelys Contreras.
El ministerio tiene, hasta donde yo sé, tres viceministerios, el de Atención al Privado o Privada de Libertad, el de Atención al Adolescente en Conflicto y el de Formación Educativa y Asuntos Sociales.
Recuerdo haber oído una entrevista a la abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira, que al mismo tiempo, es una destacada política que fue constituyentista en 1.999 y es actual Vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Fue designada en la Unión Interparlamentaria, Parlatino y Parlasur, siendo la jefa de las tres delegaciones, en la que expresó que los penales venezolanos tienen un alto estándar.
No es para nadie un secreto que las cárceles venezolanas están en crisis desde hace muchos años, desde 1.990, pero obviamente, el incremento de la población penitenciaria, que ha ido en aumento dada la eficacia de nuestras policías, complica a su vez, el sistema carcelario, sobre todo ahora con la crisis causada por las sanciones, y pese a los esfuerzos del gobierno nacional, el problema no toca fondo.
El más reciente de ellos ha sido el del Centro Penitenciario de Tocorón, ubicado en el Estado Aragua, que hubo de ser intervenido, o si se quiere rescatado, a través de la denominada Operación Liberación Cacique Guaicaipuro, en la cual se desmanteló, según las informaciones, un centro de conspiración y delito de una red criminal internacional. Once mil efectivos participaron en la misma, así que imagínense ustedes la calidad delincuencial que allí estaba recluida.
Los privados de libertad fueron desalojados ordenadamente, algunos pocos evadidos fueron recapturados, a excepción del llamado “Niño Guerrero”, quien era uno de los líderes de la organización criminal que allí operaba, se confiscaron armas de todo tipo y 17 panelas de droga, 15 de cocaína y 2 de marihuana.
Ojalá continué esa política carcelaria y pongan fin a tanto malandro.
Felicitaciones.
@gadeaperez
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