El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, demandó la renuncia de funcionarios del Poder Judicial a los que acusó de «golpistas», después que el Ministerio Público (fiscalía) allanara instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) alegando presuntas irregularidades en las pasadas elecciones.

«Los golpistas deben renunciar», exigió Arévalo desde su cuenta en la red social X, donde también denunció que las acciones del Ministerio Público «constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación a la Constitución Política de la República».

Los allanamientos fueron autorizados por el juez Fredy Orellana, a solicitud de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), con el aval de la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, e incluyeron la apertura de cajas con votos, lo cual está prohibido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El TSE ya presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar los allanamientos y la apertura de cajas, situación que fue condenada por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), bloque que acompaña el proceso de transición de poder.

Arévalo, que ganó el balotaje presidencial del pasado 20 de agosto con un 60,91% de respaldo, le informó al presidente Alejandro Giammattei que suspenderá temporalmente su participación en el proceso de entrega, «en tanto se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias».

El Gobierno respondió en un comunicado que respetaba la decisión de Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla (centroizquierda), pero no la compartía porque la misma derivaba de un «acciones ajenas al Organismo Ejecutivo, que no interfieren con el proceso que se había desarrollado hasta la fecha».

La actual crisis electoral en Guatemala comenzó tras los comicios del 25 de junio, cuando Arévalo avanzó contra todo pronóstico a la segunda vuelta, y la FECI anunció casi de inmediato una investigación contra Semilla por falsificación, e intentó que el TSE revocara la personería jurídica de dicho partido, a partir de una orden de Orellana.

La Corte de Constitucionalidad amparó entonces a Semilla, que pudo disputar y eventualmente ganó la segunda vuelta, y aunque el TSE oficializó los resultados y las autoridades electas ya recibieron su acreditación, el Ministerio Público arreció sus acciones.

Arévalo denunció en una reciente conferencia de prensa que un grupo de políticos y funcionarios corruptos echaron a andar un plan para violentar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, e incluso afirmó que en Guatemala hay un golpe de Estado en marcha.

Desde el Ministerio Público defienden los procedimientos y niegan que la investigación sea un acto de hostilidad e intimidación, aunque varias de sus figuras emblemáticas, como Porras, Currichiche y Orellana, han sido señaladas por Estados Unidos como actores corruptos en la función pública.

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