Tras una extensa lista de denuncias medioambientales durante los últimos años, el olvido de este tema en la pasada Cumbre Amazónica y el interés de la UNESCO por visitar la zona, el Gobierno venezolano se decidió a dar un primer paso en la lucha contra la minería ilegal, desalojando a más de 11.500 mineros ilícitos que operaban en el Parque Nacional Yapacana. Pero, ¿es suficiente esa operación?

Hace unos días, militares de Venezuela destruyeron 86 «estructuras clandestinas» utilizadas «para ejercer la minería ilegal», ubicadas dentro del Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas. Una acción que fue aplaudida por la ONG SOS Orinoco a pesar de que esta zona sea solo un pequeño punto de una extensa área en el sur del país que sufre el mismo problema.

“Estas minas están en auge”

“El desalojo de más de 11.000 mineros en Yapacana es un hecho, pero eso no es suficiente, porque en Yapacana está demostrado que puede haber cerca de 20.000 mineros. Entonces todavía quedan muchos mineros. Los testigos en el terreno dicen que han sacado a los jefes guerrilleros que están encontrando en las minas y que ahora los que están controlando las minas son los propios militares. Y que todavía hay minas importantes como la mina El Cacique, que es como el centro operativo de Yapacana que no se ha desalojado”, explica a RFI Cristina Burelli, directora de la ONG.

La consecuencia de la minería ilegal y el Arco Minero no únicamente se limita a la tala de árboles y destrucción de sabanas, sino también se traduce en la contaminación del agua y los ríos por la presencia del mercurio que se usa para amalgamar el oro.

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