Google se sienta en el banquillo de acusados desde este martes en un proceso con el que la justicia de Estados Unidos tratará de dirimir si el dominio aplastante del motor de búsqueda en Internet de la compañía se debe a su rendimiento o bien si detrás de este éxito hay prácticas ilegales.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, la compañía tecnológica cimentó su posición dominante en la red con contratos ilegales con empresas como Samsung, Apple y Firefox para que estas instalen su motor de búsqueda de forma predeterminada en sus teléfonos inteligentes y servicios.
Un centenar de testigos van a declarar ante un juez federal durante las diez semanas de audiencias previstas.
«Nuestro éxito es merecido», afirmó Kent Walker, director jurídico de Alphabet, la empresa matriz de Google, en un comunicado.
«La gente no utiliza Google porque no tenga otra opción, sino porque quiere. Es fácil cambiar el motor de búsqueda predeterminado, ya no estamos en la era de los módems y los CD-ROM», añadió.
Se trata de la demanda antimonopolio más grande presentada contra un gigante tecnológico desde que el Departamento de Justicia se enfrentó a Microsoft hace más de 20 años por el dominio del sistema operativo Windows.
Lanzada en 1998, la demanda del Gobierno de Estados Unidos contra Microsoft terminó con un acuerdo en 2001, después de que un tribunal de apelaciones anulara una decisión que ordenaba dividir la empresa.
Google era entonces «el favorito de Silicon Valley como una startup pujante que proponía una forma innovadora de hacer las búsquedas en la naciente Internet», dijo el departamento en su querella: «Ese Google desapareció hace mucho tiempo».
«La tecnología ha progresado mucho en 20 años, así que el resultado de este caso tendrá una gran repercusión en el funcionamiento de las plataformas tecnológicas en el futuro», dijo John Lopatka, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Penn State.
«Retrógrado»
La demanda se centrará en los contratos que el gigante tecnológico firmó con fabricantes de dispositivos, operadores de telefonía móvil (como T-Mobile o AT&T) y otras compañías, con los que, según el Gobierno, deja pocas posibilidades de competir a sus rivales, como Bing (Microsoft) y DuckDuckGo.
Google, cuyo nombre se volvió incluso un verbo para describir la acción de buscar en Internet, controla el 90% de este mercado en Estados Unidos y en todo el mundo gracias a las búsquedas en teléfonos inteligentes, especialmente en los iPhone (Apple) y aquellos que funcionan con el sistema operativo Android, propiedad de Google.
El grupo californiano, fundado en 1998 por Sergey Brin y Larry Page, asegura que la popularidad de su motor de búsqueda se debe a la calidad de su servicio.
«Este es un asunto retrógrado», dijo Walker, ya que estamos «en una era de innovación sin precedentes» con «avances en inteligencia artificial, nuevas aplicaciones y nuevos servicios que están creando más competencia y más opciones para el público que nunca».
Los abogados de Google destacan que Bing ha incorporado funcionalidades de inteligencia artificial generativa que permiten al usuario comunicarse con mayor facilidad con el motor de búsqueda.
Google y Microsoft están inmersos en una carrera frenética en esta tecnología, compitiendo con chatbots y otros asistentes digitales que se espera que revolucionen la mayoría de las tareas en línea.
Microsoft ganó ventaja gracias a su inversión en OpenAI, la startup que desarrolló ChatGPT.
Apelación
Google se juega mucho en este proceso. Si el juez Amit Mehta falla a favor del Gobierno, el grupo podría verse obligado a dividir sus actividades o a cambiar su modo de funcionamiento.
La compañía ya ha sido multada con más de 8.200 millones de euros (8.800 millones de dólares) por varias infracciones de la ley anticompetencia en Europa, aunque algunas de estas decisiones están bajo apelación.
Joe Biden también se juega mucho en este proceso, iniciado por el Gobierno anterior del republicano Donald Trump.
La administración demócrata, que enero demandó a Alphabet por su negocio publicitario, ha puesto mucho empeño en desafiar a los gigantes tecnológicos, aunque sin demasiados resultados hasta el momento.
Cualquiera que sea el desenlace del juicio, es casi seguro que la sentencia será recurrida por alguna de las partes, lo que podría alargar el proceso varios años.
«Así que quienes quieran regular la tecnología no deben desesperarse si el gobierno pierde este asalto. Pero sería una derrota significativa», afirmó Lopatka.
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