Según los números del mismo portal una base de datos sin fines de lucro, en 239 días del presente año hubo 28.296 muertes por armas en Estados Unidos, el número más alto de la historia reciente en ese país.

Durante este sábado 26 de agosto se registraron dos nuevos tiroteos masivos en el territorio estadounidense que pasaron a engrosar estas trágicas listas.

Siete personas fueron heridas de bala en un ataque en Boston mientras se celebraba un festival caribeño, mientras que en la ciudad de Jacksonville, Florida, un hombre portando armas con simbología nazí mató a tres personas negras.

De acuerdo a las autoridades, se trató de un matanza «de motivación racial», ya que el autor, que se suicidó al ser confrontado por elementos policiales, «odiaba a los negros», según explicó el sheriff de la ciudad.

Este episodio de violencia racial se da apenas unos días después que un jurado estadounidense condenara a muerte al atacante Robert Bowers, responsable de una masacre en una sinagoga en Pittsburgh ocurrida en octubre del 2018, considerada la agresión más letal contra la comunidad judía en la historia de ese país, con 11 víctimas fatales.

Las alarmantes cifras han hecho que los propios funcionarios estadounidenses reconozcan públicamente la gravedad de la situación.

«Estados Unidos ha tenido más tiroteos masivos que días en 2023», dijo el 21 de abril el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores, un influyente think tank con sede en Nueva York.

Sin embargo, pese a estas admisiones, y las promesas del propio Joe Biden como candidato de que abordar esta problemática sería una de las prioridades en caso de llegar a la Casa Blanca, su Gobierno no ha logrado revertir esta tendencia.

Si bien en marzo el mandatario demócrata firmó una (muy limitada) orden ejecutiva para restringir la venta de armas a personas con problemas mentales, antecedentes mentales o de violencia doméstica, los distintos proyectos para condicionar su adquisición libre no han tenido apoyo en el Congreso de EEUU, debido al rechazo de los miembros de la bancada republicana.

Estos legisladores, al igual que su nutrida base electoral, suelen invocar para defender su posición contraria a la regularización de las armas la segunda enmienda de la constitución norteamericana, que otorga a los ciudadanos el derecho a portar armas.

Cualquier iniciativa para limitar ese derecho sagrado, según esta lógica, es contraria a la prerrogativa inalienable de autodefensa que los padres fundadores establecieron en la carta magna.

Este flujo sin control de armas no solo se limita a EEUU, sino que ha desbordado y ya afecta a países vecinos, como México, y está directamente relacionado con el aumento de la violencia criminal en el país latinoamericano.

Este fenómeno está en el centro de la reciente demanda a varias fabricantes de armas estadounidenses, por negligencia y por fomentar el tráfico ilícito, que el Gobierno mexicano interpuso por primera vez en el 2021 en tribunales de EEUU.

Luego de que un juez de Massachusetts desestimara la acción judicial en 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció en octubre del año pasado que presentaría nuevamente la demanda en un tribunal de Arizona.

En declaraciones a la prensa el año pasado, el abogado de la cancillería mexicana, Celorio Alcántara, calculó que cada año entran a México por lo menos500.000 armas y que de ese número entre el 70 y el 90% proviene de Estados Unidos.

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