La administración de Nicolás Maduro rechazó la postura de dos relatores de Naciones Unidas sobre un supuesto «abuso crónico» de leyes antiterroristas por parte de autoridades del país caribeño, y aseguró que tales declaraciones, que calificó de «irresponsables», forman parte de una «estrategia de agresión» contra el país, dirigida por Estados Unidos.

En un comunicado oficial, difundido por el canciller Yván Gil en su cuenta en Twitter, Venezuela tildó de «infundadas» las afirmaciones emitidas por los expertos, quienes pusieron como ejemplo de su denuncia una reciente sentencia a 16 años de prisión contra seis hombres que se presentan como líderes sindicales, una afirmación respaldada por diversas ONG, mientras la Fiscalía asegura que no lo son.

En el escrito, Venezuela aseveró que las «declaraciones fueron emitidas sin ninguna consulta previa o solicitud de información al Estado», lo que, consideró, viola las normas y principios que rigen la actuación de estos mandatos de Naciones Unidas.

A juicio del Gobierno, esta postura constituye «un nuevo episodio de la estrategia de agresión multiforme que de manera permanente se desarrolla contra la República Bolivariana de Venezuela, dirigida desde Estados Unidos».

«El Estado venezolano reitera su estricto apego a la legalidad, bajo el principio de la separación de los poderes públicos, así como su escrupuloso respeto a la dignidad humana, en especial en la administración de Justicia. Sus instituciones garantizan el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos a todos los ciudadanos», afirmó el Ejecutivo.

Además, ratificó su «compromiso ineludible» con los derechos humanos y los tratados suscritos por Venezuela, así como su intención de «seguir cooperando» con los órganos del sistema de Naciones Unidas, «mediante el diálogo y la cooperación genuina».

La Fiscalía, que asegura que los detenidos son «conspiradores» que buscaban atentar contra la democracia venezolana, rechazó también la posición de los relatores de ONU en un comunicado en el que aseguró que esta denuncia fue hecha «sin tener ninguna base para ello».

Entretanto, ONG y organizaciones gremiales exigen la libertad de los encarcelados, cuya inocencia reivindican, tras haber recibido penas por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

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