La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la sentencia N° 1160, acordó la designación de una Junta Directiva Ad Hoc del Partido Comunista de Venezuela.
El Supremo designó a Henry Parra, quien se ha identificado como dirigente nacional de la formación e introdujo este amparo constitucional, presidente de esta junta; al ciudadano Sixto Rodríguez como secretario general; y a Griseldys Herrera como secretaria de organización.
Asimismo, nombró a Carlos Figueroa secretario de administración y finanzas, a Zoilo Aristegui como secretario de ideología, a Joahan Coraspe secretario de agitación y propaganda y a Robinson García como secretario por el trabajador agrario y campesino del partido político.
Recordemos que el pasado mes de julio, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), alertó que funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), solicitarán «en las próximas horas» al Tribunal Supremo de Justicia la «ilegal» intervención de la organización con fines políticos.
La denuncia la hizo el partido en horas de la tarde del 9 de julio, a través de su cuenta en la red social Twitter. «Nueva maniobra antidemocrática en Venezuela: Grupo de mercenarios al servicio del Gobierno-PSUV se prepara para solicitar -en las próximas horas- al Tribunal Supremo de Justicia, la ilegal intervención del Partido Comunista de Venezuela», escribió el PCV.
El reclamo más reciente del PCV contra políticas de Maduro, fue tras darse a conocer la inhabilitación por 15 años de la líder nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, candidata para las primarias opositoras, a celebrarse el próximo 22 de octubre, donde se elegirá a un candidato que enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales, previstas para 2024.
El PCV es la formación más antigua del país y acompañó al chavismo en su ascenso al poder en 1999, tras lo cual mantuvo una cercanía con el Gobierno que se rompió en la última década, cuando se volvió crítico de Nicolás Maduro.
A finales del mes pasado, más de 300 políticos, intelectuales, sindicalistas y activistas de varios países firmaron una petición en la que solicitaban al Gobierno de Maduro que se evitara «la judicialización» de esta organización.
Con información de Alberto News
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