La Fiscalía General de Brasil pidió la condena de los primeros 40 acusados de haber perpetrado el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero contra el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando miles de seguidores del exmandatario, Jair Bolsonaro, invadieron el Congreso, el Palacio presidencial y la Corte Suprema.
La solicitud de la fiscalía general fue elevada al Supremo Tribunal Federal, que está juzgando la actuación de los golpistas que asaltaron en la ciudad de Brasilia la casa de Gobierno y las otras instituciones del Estado mencionadas.
En total, hay 1.290 procesados que están siendo juzgados por la alta corte en la que fueron acusados formalmente varios delitos involucrados por el intento de derrocar el Estado de Derecho vigente.
En este primer bloque, la fiscalía general pide la condena de estas personas por los delitos de asociación delictiva armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado con violencia y amenaza grave, con uso de sustancia inflamable, contra el patrimonio de la Unión y con daños considerables para la víctima.
La Fiscalía General informó que dichas penas, en caso de estar juntas, sumarían los 30 años de prisión.
En los alegatos finales, los fiscales mencionaron que “la forma en que actuaron los invasores demostró, por un lado, la estructura del grupo criminal y, por otro, la fragilidad de la contención impuesta por la policía de Brasilia”.
Vale recordar que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), pedían al Ejército dar un golpe de Estado aprovechando la toma de los poderes públicos.
El principal acusado hasta el momento es el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, en prisión domiciliaria, quien en el momento de los hechos era el secretario de Seguridad de Brasilia y está imputado por haber liberado la zona de policías para permitir el asalto a los edificios.
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