La democracia más cercana al ciudadano es la municipal. Está en nuestra historia, en nuestra Constitución y sobre todo en nuestra vida real. Esa natural conexión ocurre aún en un cuadro tan cauteloso para la creación de municipios como ha sido el nuestro, salvo en ciertos estados, incomparable por ejemplo con nuestra vecina Colombia que con cincuenta millones de habitantes tiene mil ciento veintidós municipios y distritos especiales. Perú, con población similar a la venezolana, tiene mil ochocientos setenta y cuatro municipios y 196 municipios provinciales del tipo de la propia Lima.
El Estado Federal y Descentralizado que define el artículo 4 constitucional y la distribución territorial del Poder Público del 136 empieza por el poder municipal. Los municipios, según el artículo 168 de la actual Carta Magna, en fidelidad a una tradición que viene larga, “constituyen la unidad política primaria de la organización nacional”. En seguida se dispone en qué consiste la autonomía municipal, piedra angular del aporte municipal al edificio del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que se estructura como federal y, en insistencia casi redundante pero no sobrante, descentralizado. La fidelidad a este modelo sobrevive en nuestro Derecho Constitucional desde 1811, interrumpido de 1819 a 1857 y reivindicado con permanencia desde 1864, sin que siquiera las prácticas más centralistas, e incluso las dictatoriales, se atrevieran a borrarlo.
La municipal es la democracia más cercana porque sus temas son los cotidianos, como las calles y avenidas, el transporte y alumbrado público, ordenamiento urbano, parques y plazas, medio ambiente y aseo urbano, atención primaria de salud, servicios básicos, mercados y cementerios. El agua y la luz son nacionales aquí, pero si fallan, la gente reclama al alcalde.
También puede decirse que es donde la condición de “gobierno responsable” del artículo 6 constitucional así como de la más elemental lógica democrática, puede ser más eficazmente exigible.
Realidades tan contundentes implican un llamado al sentido común de nosotros los ciudadanos, pero también de quienes son nuestros dirigentes o aspiran a serlo. La legislación debe respetar, promover y fortalecer el municipio, jamás debilitarlo y la dirección política no puede priorizar consideraciones de interés presuntamente estratégico sobre el deber principal de no dejar solas y a su suerte a las personas y sus comunidades locales.
