Colombia pedirá a Estados Unidos el regreso en extradición de Salvatore Mancuso, uno de los comandantes de los paramilitares que se desmovilizaron en 2006 y designado recientemente por el mandatario Gustavo Petro para trabajar en su Gobierno, informó este miércoles la oficina del consejero presidencial de Paz.

Mancuso purga cárcel desde 2008 en Estados Unidos, que lo requirió por narcotráfico tras dejar las armas como parte de un acuerdo que puso fin a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la asociación de escuadrones que enfrentaron a las guerrillas.

El 23 de julio, Petro anunció que designó al colombo-italiano como «gestor de paz», es decir, que integrará la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que sostiene diálogos con diversas agrupaciones ilegales como la guerrilla del ELN y el mayor grupo disidente de las FARC.

Este miércoles, esa entidad aseguró que el Gobierno activará «los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición de Salvatore Mancuso a Colombia».

Petro no ha especificado el rol que cumplirá alias «El Mono» o si recibirá una retribución económica por su labor. «Su presencia en el territorio nacional es imprescindible», agregó la oficina encargada de hacer realidad la «paz total», la política con la que el mandatario pretende extinguir el conflicto armado en el país. 

Mancuso, de 58 años, fue extraditado sorpresivamente por decisión del entonces presidente, el derechista Álvaro Uribe (2002-2010), sin aportar su versión para conocer los pormenores de la guerra y sin reparar a las víctimas, como lo disponía el acuerdo. Desde prisión, ha amenazado con destapar sensibles relaciones del paramilitarismo con liderazgos políticos y empresariales.

La decisión de Petro ha sido fuertemente criticada por la oposición, mientras que las familias de las víctimas esperan que -con su regreso- se termine de esclarecer el paradero de cientos de cadáveres y se conozca la verdad sobre quién patrocinó a los grupos paramilitares.

En mayo, Mancuso se ofreció a ayudar en la búsqueda en unos 200 cuerpos de personas campesinas asesinadas por las AUC cerca de Venezuela y sepultadas del otro lado de la frontera.

El acuerdo de paz de 2006 preveía un máximo de ocho años de cárcel en Colombia para los jefes paramilitares a cambio de su desarme y la confesión de crímenes, pero los cabecillas fueron extraditados sin previo aviso. En la lucha contra la insurgencia, los grupos paramilitares sembraron terror con masacres y persiguieron a quienes -según ellos- tenían nexos con organizaciones de izquierda.

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