La Asamblea Nacional emplazó este miércoles a los opositores agrupados en la Plataforma Unitaria a solicitar la devolución de Citgo, filial de la petrolera venezolana Pdvsa en Estados Unidos, que el Gobierno de Nicolás Maduro asegura está siendo «robada».

«Señores de la derecha venezolana, candidatos que luchan por una botella medio vacía llamada PU, por lo menos pidan disculpas (…) Quizás no podríamos aspirar a un acto de patriotismo y que soliciten lo que cabe, que la empresa Citgo pase a sus legítimos dueños», dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, durante una intervención en la sesión ordinaria de este miércoles.

El parlamentario chavista insistió en responsabilizar al opositor Juan Guaidó de «sustraerle a los venezolanos todos los activos» de la nación en el exterior, entre ellos Citgo, con «la complicidad del imperio norteamericano».

En este sentido, recordó que en Venezuela hay instrumentos legales que «permiten castigar a los delincuentes» y pidió aplicar a Guaidó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, sancionada recientemente, que permite al Estado quitar bienes y riquezas a funcionarios corruptos y a narcotraficantes para invertirlas en áreas como la salud y la educación.

«Aquí hay una Ley de Extinción de Dominio que tiene que aplicarse. No porque vayamos a llegar a resarcir el daño que este delincuente ha hecho, pero si para dar lecciones, para sentar nuestra firme posición de que las leyes se aprueban para aplicarse, y que si este señor o su testaferro tienen bienes contra los que Venezuela pueda ir, pues que vaya», aseveró.

El pasado 1 de mayo, el Departamento del Tesoro estadounidense decidió, a través de la licencia general número 42, no tomar «medidas coercitivas» para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre Citgo.

La licencia autoriza al Parlamento del período 2016-2021, formado por una amplia mayoría opositora y relevado en 2021 por un Legislativo de mayoría chavista, a efectuar «ciertas transacciones» en relación con «cualquier deuda del Gobierno de Venezuela», Pdvsa o «cualquier entidad» en la que la estatal posea «una participación del 50 % o más». 

Con información de EFE

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