Un político venezolano nos planteó analizar “la concertación democrática chilena” derivada del “acuerdo” con Augusto Pinochet, el cual condujo a una consulta al pueblo a fin de que decidiera si el general proseguía en el gobierno, al cual había acudido con ocasión de un golpe de Estado para derrocar al médico Salvador Allende, presidente por el voto popular.
La sugerencia nos fue hecha con motivo de un ensayo nuestro “Las inhabilitaciones: ¿Verbo, adjetivo, adverbio y sustantivo?», en el cual recogíamos los pareceres de connotados juristas en lo concerniente a la ilegalidad de la inhabilitación impuesta a María Corina Machado, candidata a elecciones primarias en Caracas en octubre del corriente año y muy probablemente a las presidenciales en 2024. La argumentación del amigo se fundamentaba en que “el nudo” que tratamos de desatar durante ya unas cuantas largas décadas pasa por un “gran acuerdo nacional”, precisamente, como el de la patria de don Andrés Bello. En su criterio la problemática no es jurídica, es política.
El planteamiento no deja de ser interesante. En efecto, no es por nada descabellada la alternativa de un “gran acuerdo nacional”, pero el problema está en cómo concertarlo, pues está condicionado a determinados supuestos de obligatorio análisis: 1. El pueblo como titular de la soberanía logra imponerlo a través de acciones de calle, sostenidas durante el tiempo que demande que el caudillo, dictador o absolutista convenga en una consulta popular para ser ratificado o no y que de producirse esta última abandone realmente el poder. Aquí pudiera incluirse la consigna “Calle, calle y más calle” que esgrimía Antonio Ledezma en los años 2014-2015 ante las protestas coordinadas por dirigentes políticos, entre ellos Leopoldo López. Un ejemplo que pudiera traerse a colación fue el de la plaza Tahir en Egipto contra Hosni Mubarak, el cual devino en la renuncia de este, pero las fuerzas populares no alcanzaron el proceso de democratización propuesto, pues los militares asumieron el poder. 2. La segunda alternativa se parece a la anterior, pero sin la convocatoria electoral, esto es, que el pueblo humillado toma las calles hasta que el dictador se vaya, como sucediera en Venezuela en enero de l958 frente al gobierno de Marcos Pérez Jiménez. En ambos casos el denominado “arbitraje castrense” ha de inclinarse a la voluntad popular, como ocurrió “momentáneamente” el 11 de abril de 2002 en lo relativo a Hugo Chávez. Pudiéramos calificar estas iniciativas como “fórmulas volitivas de consenso popular”.
La segunda categoría de pactos son aquellos suscritos por los partidos políticos para definir la estrategia a adelantar frente a los gobiernos de facto, bien sea utilizando la metodología “Calle, calle y más calle” o la vía electoral. Un símil pareciera ser el acuerdo en Venezuela para celebrar “elecciones primarias” a fin de seleccionar al abanderado de la oposición quien competiría en las elecciones presidenciales de 2024 contra el actual presidente. Esta sistemática demanda una sólida y dinámica adhesión popular, en concurrencia con la cooperación militar. No dejan de ser inciertas en las hipótesis de que el gobierno sea el que tenga “la reciprocidad de los soldados”. Incluso, a pesar de que no cuente con un definitorio apoyo del pueblo. También le favorece “la polarización” y en ambas definiciones: a) La popular y b) La partidista. Venezuela es víctima de las dos y de manera concurrente.
Antes estas consideraciones imaginemos que las trasladamos a Chile y constataremos que no son aplicables a este particular país del Cono Sur, obstáculo para dudar si el consenso alcanzado por “la Democracia Cristiana” con Augusto Pinochet es viable en Caracas, particularmente, por dos razones: a) La tipología de las fuerzas armadas chilenas, b) La personalidad del general Pinochet y su liderazgo castrense y c) La estatura de la dirigencia política y la ausencia de marcada polarización. En la tierra del capitán Bernardo O’Higgins, además, a “la división de poderes” no se le había pasado con un tractor por encima, la dictadura más bien mantuvo ante tales pautas, cuando menos, un aceptable respeto. Magistrados, particularmente, en las instancias superiores se mantuvieron. En efecto, se lee: “Dos días después del golpe de Estado, el Judicial era el único poder que no fue disuelto por la Junta Militar. Su presidente, Enrique Urrutia Manzano, quien entregó la banda presidencial a Augusto Pinochet en 1974, manifestó su más íntima complacencia con el nuevo gobierno al no determinar el término momentáneo de los Tribunales”. Pareciera imponerse la apreciación de que “el generalato” mantuvo una relación de respeto con respecto a los poderes Legislativo y Judicial, particularmente, una vez que Pinochet asumió el cargo de presidente y no obstante haberse disuelto el Congreso electo para el periodo de Allende. En Chile, pues, lo que sucedió pareciera tener unos cuantos visos que lo anteponen a la situación venezolana.
Pero hay todavía unas cuantas diferencias que anotar: 1. La relación entre el liderazgo democrático, particularmente, de la Democracia Cristiana con el presidente Salvador Allende, como lo revela el primer jefe del Estado después de Pinochet, Patricio Aylwin, en su reciente obra La experiencia política de la Unidad Popular 1970-1973: La Democracia Cristiana durante el gobierno de Salvador Allende. La prueba del socialismo no fue buena para Chile y “el arbitraje castrense” actuó para ponerle término, adelantando un gobierno que sin llegar a calificar como copia de “Camino a la servidumbre de Friedrich A. Hayek”, esto es, de “liberalismo absoluto”, se adelantó un “programa de economía de mercado” traído de la Universidad de Chicago. El ministro Hernán Buchi, de ascendencia suizo-alemana y croata, sustituyendo a Luis Escobar Cerda, aplicó la metodología de “los Chicago Boys”, alcanzando lo que se denominó “el milagro económico chileno”. Se entusiasmó con su éxito decidiendo ser candidato presidencial, no corriendo con igual suerte. En Venezuela la oposición ciega que se adelantó en la segunda administración del presidente Carlos Andrés Pérez, parecida a la del Chile del “general Augusto”, acabó con el gobierno y su ductor, abriendo el paso a un presunto socialismo mal llamado “bolivariano”, al cual se atribuye el caos que hoy sacude a la patria. Hoy enredada entre “primarias y hasta terciarias”, por lo que nos miramos los unos a los otros, sin saber qué sucederá. Otra de las marcadas diferencias con la tierra de O’Higgins.
Finalmente, hagamos referencia a las que pudieran calificarse como “alternativas institucionales”, como las denominadas asambleas constituyentes, una fórmula que carga desde hace ya un largo tiempo el tachirense Enrique Colmenares Finol, ministro en el segundo gobierno de CAP, sin lograr anuencia a pesar de sus más esmerados esfuerzos. A ese mecanismo acudió el gobierno instituido en Venezuela a raíz del derrocamiento por un golpe de Estado del novelista Rómulo Gallegos, electo primer magistrado en libres comicios. Se trata, como se escucha, del peculiar proceso electoral para una constituyente en 1952 convocada por la “Junta” sustitutiva del “escritor”. Inhabilitados los partidos Acción Democrática (Rómulo Betancourt) y el Partido Comunista, participan en el proceso electivo de los “asambleístas, URD (Jóvito Villalba) y Copei (Rafael Caldera) con el resultado de 67 diputados de Villalba, 19 de Caldera y 17 para el partido de la Junta (Frente Electoral Independiente / FEI), de Marcos Pérez Jiménez y sus adláteres. La “Junta”, de moda en ese entonces en casi toda América Latina, cambió el resultado asumiéndolo y estatuyéndolo con las armas con los mismos números antes mencionados, pero al revés (67 FEI, 29 URD y Copei 17. Diez largos años de una dictadura que sucumbiera el 23 de enero de l958, por la idónea fórmula del pueblo en la calle y los militares cumpliendo con el deber patriótico de la defensa del sagrado derecho del pueblo para autogobernarse. Cuatro décadas de democracia, libertad, desarrollo y progreso acompañaron a Venezuela, que ya hace un buen tiempo terminaron. El país, hoy en un desastre indescifrable.
Es esta la realidad que se debate hoy en la patria de Bolívar. Con serios ramalazos de incertidumbre. Difícil escenario, ante el cual provoca expresar y rosario en mano “Dios, usted tiene la palabra”.
Recemos, le soplamos al inquieto amigo.
Comentarios, bienvenidos.
@LuisBGuerra
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