La propiedad privada es un derecho humano universal obligatorio en las Américas, pero es agredida, violada y calumniada por las dictaduras del socialismo del siglo 21, que han hecho del desprestigio y la destrucción de la propiedad privada el eje de confrontación para la insurgencia y la violencia con que toman y detentan el poder, produciendo miseria y dependencia. Los derechos humanos a la vida, a la libertad y la seguridad no son posibles sin propiedad que también es elemento esencial de la democracia.
Los derechos humanos se definen como “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona”, son inherentes a todos los seres humanos sin distinción ni discriminación alguna.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en su artículo 3 que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en su artículo 17 que “1.- toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2.- Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Los derechos humanos son “interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.
En las Américas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969, da a los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal carácter mandatorio e imperativo, condición de ley de aplicación preferente. Establece en su artículo 21 el “Derecho a la propiedad privada: 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley…”
El socialismo del siglo XXI o castrochavismo es la expansión de la dictadura de Cuba que instaló dictaduras en Venezuela, Bolivia, Ecuador (ya en democracia) y Nicaragua, y ha establecido como gobiernos para dictatoriales a Fernández/Kirchner en Argentina, López Obrador en México, Petro en Colombia, Lula en Brasil e intermitente Boric en Chile. En las dictaduras la propiedad privada es inexistente en su naturaleza real y jurídica. Los gobiernos para dictatoriales alientan, permiten y realizan violaciones a la propiedad y usan sus países como plataformas de ataque a la propiedad privada en países con democracia.
La propiedad privada es “un concepto legal y económico que establece el derecho del individuo, o las organizaciones, a la posesión, el control y la disposición de un bien”, que incluye el derecho a la sucesión y que hoy es fundamentalmente un concepto social. Este derecho humano impone la protección de las personas frente al Estado y la obligación del Estado y de las autoridades de proteger la propiedad y a los propietarios.
Propiedad son muebles, inmuebles e intangibles, son posesiones y pertenencias de la persona, desde los elementos esenciales para vivir como el vestuario, la vivienda, sus instrumentos o elementos de trabajo, sus pertenencias de emprendimientos comerciales o industriales, sus capacidades intelectuales, diseños, creaciones y marcas. Propiedad es todo bien, “es el motor del aumento de riqueza en la sociedad”.
La violación del derecho humano a la propiedad en las Américas intenta justificarse con la narrativa castrochavista de presentar la propiedad como una vergüenza, una anormalidad, una amenaza, la causa de la pobreza y de los males que los mismos dictadores producen. La realidad muestra que el resultado de atentar contra la propiedad privada es la miseria como prueba el Índice de Miseria Hanke, que el año 2022 señala como el país más miserable del mundo a Cuba, el segundo Venezuela y el sexto Argentina. Venezuela lideró este ranking por 6 años.
El desconocimiento y ataque impune al derecho humano de la propiedad se ha realizado y se repite como acción estructurada en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, Colombia y prácticamente en toda Latinoamérica. Lo hacen con la toma arbitraria y violenta de propiedades rurales y urbanas, la usurpación de medios de comunicación, la ocupación y desmantelamiento de empresas e industrias, el despojo de valores personales, la supresión de licencias para impedir actividades, la manipulación de la educación con relatos colectivistas, la destrucción de propiedad privada y pública que incluye servicios públicos esenciales.
Atentar contra la propiedad privada es un crimen y hacerlo desde el poder es delito de lesa humanidad señalado por el Art. 7.1.h del Estatuto de Roma, pero está pendiente la tarea de educar y empoderar a la sociedad en el ejercicio y defensa del derecho humano a la propiedad privada como fundamento de libertad.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
Artículo publicado en infobae.com
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