La inhabilitación de María Corina Machado es cuestión de verla desde la perspectiva costo/beneficio, según de qué lado se analice.
Para el régimen el cálculo no debe haber sido fácil toda vez que el potencial beneficio de haber sacado del juego al candidato que va aglutinando mayor número de voluntades pudiera proporcionarle la ventaja de eliminar al competidor(a) que se perfila como posible vencedor en la elección presidencial de 2024, pero al mismo tiempo le ha representado ya un altísimo precio tanto en la escena interna como la internacional, según se ha visto por la contundencia, velocidad y diversidad de escenarios desde los cuales se ha condenado esta vil maniobra.
Los pronunciamientos ya dados a conocer revelan en forma unánime el rechazo que la medida ha producido y que se ha traducido en comunicados y declaraciones de la Casa Blanca, la Unión Europea, algunos jefes de Estado de Mercosur (Boric, Abdo y Lacalle) etc., quienes se han pronunciado en términos contundentes mientras se siguen sumando muestras de solidaridad a la Sra. Machado. Es evidente que quienes aún hoy usurpan el poder deben haber tenido en cuenta o anticipado que su proceder tendría un alto costo para su imagen externa, además de la interna. Seguramente habrán llegado a la conclusión de que la defensa a ultranza de los cargos y beneficios que disfrutan bien justifican el pasivo de pagar tan alto costo político y diplomático como el que ha resultado de la condena universal.
Por si lo anterior fuera poco, deben haber tenido en cuenta también el escenario absolutamente negativo que la controversial decisión tendría a nivel regional y universal. Cierto es también que varios de quienes se podía esperar un apoyo a la democracia optaron por no darlo o callar cobardemente (Brasil, Argentina). Para Maduro & Cía. la conclusión costo/beneficio habrá sido reconocer que bien vale la pena el palo recibido si a cambio pueden mantener el poder, que es el objetivo final de toda la maniobra.
De nada han valido hasta ahora los pronunciamientos que recuerdan la norma universal que requiere que previo a la inhabilitación exista una sentencia judicial firme que imponga una sanción de la cual la inhabilitación sea una pena accesoria. La conducta exhibida es la misma que despliega el dictador nicaragüense Ortega, quien poco antes de las últimas elecciones presidenciales encarceló e inhabilitó a todos los candidatos que en competencia con él aspiraban al cargo presidencial.
Los días por venir mostrarán nuevos desarrollos de esta situación cuando precandidatos con ínfima aceptación se dediquen a realizar cuanta pirueta sea necesaria para pescar en el río revuelto. Sea como fuere, el triunfo de María Corina parece asegurado en la primaria de la oposición que, al fin y al cabo, es una actividad privada de un grupo de ciudadanos. Otro rompecabezas será la elección nacional.
Punto adicional es el de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. En ese capítulo ha quedado claro que el levantamiento o flexibilización de las mismas ocurrirá tan solo en la medida en que el régimen ofrezca y garantice la realización de elecciones libres, competitivas y verificables. Es evidente que las recientes medidas apuntan exactamente en el sentido contrario. El desentendimiento radica en que el gobierno quiere que primero se levanten las sanciones para después discutir el tema de la elección siendo que la comunidad internacional tiene muy en claro que primero han de ser las garantías democráticas efectivas y solo después la discusión de las sanciones. Juego trancado que naturalmente se constituye en el certificado de defunción para las negociaciones emprendidas en México, en las que la misma disyuntiva hizo fracasar el esfuerzo.
No podemos finalizar estas líneas sin dar un voto de apoyo a la Comisión de Primaria, que batallando con la ausencia de recursos hizo el intento de ofrecer la posibilidad del voto a los venezolanos en el exterior cuya cifra se afirma que supera los siete millones y medio. De allí seguramente más de la mitad serán ciudadanos aptos para votar en las primarias y en la elección general, lo cual significaría más de tres millones de sufragios que se supone favorecerían ampliamente la opción democrática. Si aquel cálculo hubiera sido real se supone que los votos de la diáspora serían definitorios en un proceso normal.
Lo cierto es que al día de hoy 9 de julio, que ha vencido el plazo para inscribirse para las primarias, no llegan a 150.000 quienes lo han hecho. El desánimo se ha contagiado cual covid y lo que se oye son excusas tales como “¿para qué?, si igual no va a pasar nada” . Lo que ha quedado claro, especialmente para quienes hemos estado empeñados en organizar y demostrar la fuerza electoral de la diáspora es que hay que reconocer que a estas alturas y en estas circunstancias dicha fuerza no existe. Tremenda sorpresa y error de cálculo que nos llevó a indigestarnos con cifras y realidades que a la hora de la verdad fueron vapores de la fantasía. El panorama para 2024 luce aún peor en la medida en que el Registro Electoral, su actualización y depuración, queda en las manos de quienes no quieren elecciones y además controlan los resortes institucionales para dificultarlas.
Aun así, no podemos desmayar y es crucialmente necesario vencer el desánimo y la apatía para la elección general. Si no lo logramos, de nada valdrán los lamentos ni las críticas que sin duda ocurrirán.
@apsalgueiro1
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