El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, defendió hoy la necesidad de que las próximas elecciones primarias en Venezuela, convocadas para el 22 de octubre, sean transparentes e inclusivas.

Argumentó que para ello se deben levantar las restricciones para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y prevenir los ataques o actos de intimidación contra las voces disidentes.

Consideró que los obstáculos observados, como la descalificación de representantes de la oposición para ocupar cargos públicos, deben ser levantados de forma urgente.

De esas primarias saldrá el candidato de la oposición antichavista para las elecciones presidenciales del 2024.

La exdiputada María Corina Machado puede participar en esas primarias, pero no en las presidenciales, aunque fuera elegida candidata de la oposición, ya que fue recientemente inhabilitada para competir por un cargo de elección popular durante 15 años.

En este mismo ámbito, Türk dijo que su organismo está siguiendo con atención y desde la perspectiva de los derechos humanos la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral.

En la presentación del informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Türk reconoció ampliamente los avances de la cooperación entre el chavismo y otras instancias oficiales venezolanas -en particular el Poder Judicial- con el organismo de la ONU que dirige, entre los que mencionó el acceso a centros de detención civiles y a dos de carácter militar.

Asimismo, indicó que la oficina de representación de este organismo en Venezuela ha tenido acceso a trece expedientes judiciales y a tres audiencias, y pudo tener contacto directo con los fiscales en casos que le preocupan.

El alto comisionado también reconoció que «el número de asesinatos por parte de agentes estatales, así como las denuncias de torturas y malos tratos, han disminuido».

Señaló que ha tenido conocimiento de que en 2022 hubo 362 imputaciones por tortura y 47 condenas, pero que su oficina tiene conocimiento de otras 91 denuncias de tortura presentadas por las víctimas o sus representantes.

Sobre estas últimas, pidió que las autoridades las investiguen, sin excepción y con total transparencia.

Asimismo, lamentó la demora en la investigación de las muertes registradas durante protestas ciudadanas que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019.

«De las 101 muertes que mi oficina ha documentado en el contexto de operaciones de seguridad, sólo ocho han llegado a los tribunales», indicó.

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