Menos de la mitad de los migrantes adultos que fueron detenidos al cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos en el último mes consiguieron solicitar asilo, según datos entregados por el Gobierno a un tribunal federal en California.

Las cifras, que abarcan el periodo entre el 12 de mayo y el 13 de junio de este año, revelan que solo un 46% de las personas adultas que fueron arrestadas en la frontera pudieron superar las nuevas restricciones al acceso al asilo, que entraron en vigor el 11 de mayo.

En contraste, antes de la pandemia (entre 2014 y 2019), un 83% de los adultos detenidos en cruces irregulares conseguían solicitar esta protección, tal como resaltó Blas Nuñez Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), en un documento entregado al juez Jon S. Tigar.

De las 8.195 personas adultas que estuvieron sujetas a la nueva restricción y que fueron entrevistadas por las autoridades migratorias, solo 3.753 pudieron dar el primer paso para solicitar asilo en EE.UU., de acuerdo con los datos entregados en la corte.

Tigar es el encargado de estudiar la demanda presentada en mayo por una serie de organizaciones en defensa de los derechos humanos a la nueva normativa, que restringe las posibilidades de solicitar asilo a quienes hayan sido arrestados cruzando irregularmente y no se les haya negado esta protección en un tercer país.

La norma, que entró a reemplazar el Título 42, el cual permitía las devoluciones en caliente por la pandemia, contempla también excepciones para los migrantes que demuestren encontrarse en «situaciones excepcionales», como emergencias médicas o una amenaza inminente de muerte, tortura y secuestro.

En su declaración escrita ante el juez, Nuñez-Neto defendió la norma, asegurando que ha ayudado a «desincentivar la migración irregular» y ha contribuido a «reducir la migración a través del Hemisferio Occidental».

«DHS ha mejorado la tecnología y los procesos en la frontera y ahora se pueden gestionar los casos» de las personas que aspiran a solicitar asilo «mucho más rápido que antes», subrayó el funcionario.

Como consecuencia, agregó, se ha reducido también la cantidad de tiempo que los migrantes pasan en detención: de un promedio de 30 días en el periodo prepandemia a 13 días en la actualidad.

Estos nuevos procesos, no obstante, han sido duramente criticados por organizaciones en defensa de los migrantes en EE.UU., que han señalando que no se les está garantizando a las personas el acceso a una asesoría legal.

La demanda a las reglas impuestas por Biden, que fue presentada por varias ONGs a principios de mayo, acusa al Gobierno de estar replicando políticas de su predecesor, el expresidente Donald Trump (2017-2021).

Las organizaciones argumentaron que las leyes de asilo de EE.UU. no permiten que el Gobierno restrinja el acceso basándose en la manera en la que las personas entraron al país o en si solicitaron protección en otro país.

A su vez, señala que no se puede exigir que las personas pidan asilo en otros países que, en muchos casos, no tienen sistemas equipados para gestionar las aplicaciones o no son «remotamente seguros».

El Gobierno ha promovido el uso de una aplicación móvil, llamada «CBP One», como la principal manera legal para pedir asilo, algo que, por ley, solo se puede hacer en territorio estadounidense.

A través de esta aplicación, sin embargo, solo se están ofreciendo 1.250 citas diarias para presentarse ante las autoridades en un puerto de entrada.

Con información de EFE

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