La ONG venezolana Espacio Público (EP) aseguró este domingo que, en más de cinco años, 83 personas han sido «víctimas» de la Ley contra el Odio, una norma promulgada en 2017 que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan «el fascismo».

A propósito de conmemorarse este 18 de junio el Día para Contrarrestar el Discurso de Odio, la ONG aseguró que «la denominada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia es usada para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».

En una nota de prensa, EP afirmó que entre las 83 personas a las que se les aplicó lo dispuesto en esta ley hay trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG.

«Durante más de 5 años, esta regulación ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, agresiones físicas, hostigamiento, despidos por parte de instituciones públicas, entre otras acciones», aseveró la organización.

En este sentido, la ONG recordó que las respuestas de los Estados a los discursos de odio «deben ser graduales y diferentes», además de considerar el contexto político y social en el que se emiten este tipo de comentarios.

La Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, luego de que fuera expresamente solicitada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, dispararon una ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Con información de EFE

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