Un diccionario de latinoamericanismos define como “chimbo” algo que está gastado por el uso, o que es falso, o que ha sido fabricado imitando a otro de mejor calidad.
Y ese vocablo define exactamente lo que es el pacto firmado con el ELN, un cese al fuego chimbo que está siendo publicitado por el gobierno de Gustavo Petro como la gran panacea, el salto adelante demostrativo de que las partes en conflicto pero envueltas en una negociación de paz, avanzan en el buen sentido.
Tal tomadura de pelo hace pensar lo peor no solo del gobierno que lo proclama como un significativo paso en el recorrido hacia la Paz Total del mandatario colombiano, sino además de todos los que sientan a dilapidar el dinero, la paciencia y la buena fe de los colombianos en unas tratativas que los hacen lucir a todos como fantoches.
La prensa mundial y numerosos sitios digitales serios celebraron el hecho con fanfarria y lo calificaron muy positivamente. Le otorgaron importantes créditos por ello a los alzados en armas quienes habrían efectuado valiosas concesiones luego de haber sido profundamente ofendidos, días atrás, por declaraciones consideradas descalificatorias del Presidente.
Pues bien, quienes siguen de cerca el proceso que se desarrolla en La Habana habrán tenido la ocasión de enterarse de que el jefe negociador del ELN informó que no se incluye en el acuerdo la renuncia por parte de los guerrilleros a las actividades que “financian” la actividad de la narcoguerrilla, tales como la extorsión y el secuestro.
Dicho en palabras más inteligibles, mientras durante los próximos seis meses a partir de agosto se practicará un silencio de las armas en el lado de las fuerzas militares del legítimo gobierno, tanto las “retenciones” como los “impuestos”, dos eufemismos para denominar en lenguaje subversivo al secuestro y a los delitos de extorsión, continúan en el menú de acciones de la guerrilla.
Ello no es sino demostrativo de lo poco que la población de pie es tomada en cuenta por los dos lados de la ecuación negociadora. El cese al fuego pactado no es otra cosa que una tregua unilateral sin prohibición de delitos que, como si ello fuera poca cosa, tampoco cuenta con mecanismos de comprobación y seguimiento. Podemos hacer el esfuerzo de imaginar a la Iglesia y las Naciones Unidas, como garantes del proceso pero sin un plan detallado de monitoreo, llevando a cabo acciones de seguimiento estrecho de la extorsión y el secuestro protagonizado por los bandidos guerrilleros en el interior del país.
Peor aún, el mismo día en que se anunció la tregua también se dio a conocer la liberación de tres guerrilleros criminales que pagaban cárcel por sus fechorías para convertirlos en “gestores de paz” y a otro muchos perpetradores de delitos se les levantaron sus órdenes de captura. Otros 19 facinerosos más fueron igualmente liberados de responsabilidades penales ayer para incorporarlos al proceso de Paz Total.
¡Y no se ha dicho todo! En el momento en que se escribe esta nota, el gobierno inicia la consideración de un proceso de subsidio a la guerrilla del ELN de manera que, contando con recursos económicos, esta se disponga a detener sus delitos y masacres. Una directriz del presidente creará un fondo internacional multidonante que entregaría beneficios económicos a los guerrilleros del ELN. ¡Nada más inteligente como mecanismo de disuasión al crimen!
No es posible, a fin de cuentas, comprender lo que festejan y aplauden quienes han pasado por alto estos hechos que vacían de toda significación a una negociación puesta en marcha para terminar de desactivar el accionar guerrillero en un país azotado por los insurgentes desde hace más de medio siglo.
No se trata solo de un cese al fuego chimbo. Es bastante más que eso, se trata de un adefesio que irrespeta al ciudadano que continúa a merced de los crímenes guerrilleros, que se burla y desestimula a las fuerzas armadas, que ignora el respeto a los derechos humanos del conglomerado colombiano y que pone en tela de juicio la credibilidad y la buena fe de Gustavo Petro y sus seguidores.
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