Los investigadores del FBI que catearon una propiedad de Harold Martin en Maryland en el otoño de 2016 hallaron documentos confidenciales —incluso material marcado con nivel de secreto máximo— esparcidos por su casa, su coche y un cobertizo de almacenamiento.

A diferencia del expresidente Donald Trump, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) no cuestionó las acusaciones en su contra y al final se declaró culpable en 2019, al admitir que sus acciones fueron incorrectas, ilegales y altamente cuestionables. Sus expresiones de contrición y su admisión de culpabilidad por un solo cargo de retención deliberada de información de defensa nacional no lo salvaron de un castigo duro: nueve años de prisión.

Documentos ilegales

La resolución de ese caso se cierne como una guía ominosa para el castigo legal que Trump podría enfrentar al enfrentar 37 cargos por delitos graves. 31 de ellos bajo el mismo estatuto de la Ley de Espionaje de un siglo de antigüedad que se usó para enjuiciar a Martin y a otros acusados que presuntamente retuvieron documentos clasificados de manera ilegal. Sin embargo, muchos como Martin, que se declararon culpables y aceptaron su responsabilidad, han sido sancionados con penas de prisión de varios años.

“Cuando deciden iniciar un caso de manejo intencional e inadecuado (de documentos), es para enviar un mensaje: que nos tomamos estos casos muy en serio”, comenta Michael Zweiback, abogado defensor y exfiscal del Departamento de Justicia. Casi siempre buscan penas de cárcel.

Es imposible pronosticar cuánto tiempo de prisión podría enfrentar el expresidente en caso de una condena. Y tal decisión dependerá finalmente del juez de primera instancia, que en este caso es uno que fue designado por el propio Trump y que ya ha demostrado su voluntad de fallar a su favor. También es difícil saber hasta qué punto podrían pesar otros factores, incluidas las complicaciones logísticas y políticas de encarcelar a un expresidente.

Infracción de la Ley de Espionaje

La infracción de la Ley de Espionaje se castiga con hasta 10 años de prisión. Aunque es raro que los delincuentes federales que delinquen por primera vez se acerquen a la pena máxima. Pero más allá de la retención de documentos, los fiscales también han identificado numerosos agravantes en la supuesta actuación impropia de Trump. A quien acusan de tratar de reclutar a otras personas —incluidos un abogado y ayudantes— para ocultar los expedientes a los investigadores y de mostrar algunos a visitantes. Algunos de los otros cargos en la acusación, incluida la de obstrucción a la justicia, se castigan con hasta 20 años de prisión.

En los últimos años, los fiscales del Departamento de Justicia han utilizado la Ley de Espionaje contra varios acusados. Incluida una mujer de Virginia Occidental que retuvo un documento de la NSA relacionado con asuntos militares y políticos de un gobierno extranjero. Elizabeth Jo Shirley se declaró culpable en 2020 de un cargo de retención intencional y fue sentenciada a ocho años de prisión.

Este mes, a un oficial de inteligencia retirado de la Fuerza Aérea, Robert Birchum, lo sentenciaron a tres años de cárcel luego de declararse culpable de mantener archivos clasificados en su casa, en habitaciones oficiales en el extranjero y un pequeño almacén a la entrada de su casa.

Muchos acusados se han declarado culpables en lugar de enfrentarse a un juicio, aunque no todos han ido a prisión. Trump —quien también enfrenta cargos relacionados con pagos de sobornos en una corte del estado de Nueva York— no ha mostrado indicios de que busque un acuerdo de culpabilidad, insistiendo enérgicamente en que es inocente y atacando personalmente al fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, horas después de comparecer el martes en una corte federal en Miami.

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