Ramón Escovar León
El coronavirus nos agarró por sorpresa. Seguramente el mundo será diferente una vez superada la pandemia. Algunos países mejorarán y otros empeorarán. Los autoritarismos tratarán de fortalecerse y las democracias buscarán mejorar sus fallas, en especial sus sistemas de salud.
La administración de justicia también será diferente, en vista del acelerado proceso de digitalización que la pandemia ha impuesto. En lo que atañe a Venezuela, la situación merece un examen detenido sobre la base de la experiencia vivida. Lo que tenemos es un Poder Judicial que no es un modelo de independencia ni eficiencia y, en consecuencia, no constituye acicate para las inversiones.
En nuestro caso, el asunto sube de tono en vista de que en los índices de medición del Estado de Derecho (Rule of Law), que reporta el World Justice Project, Venezuela aparece en los últimos lugares. El estudio correspondiente al año 2020 (p. 157) nos coloca en una posición preocupante. Cuatro de los indicadores no pueden pasar inadvertidos: corrupción, influencias indebidas, retrasos injustificados y debido proceso legal ¿Es posible salir de esta situación?
Son varios los pasos que hay que ejecutar para superar este entrampamiento. Se necesitan jueces de carrera y que se supere el modelo de jueces temporales que carecen de estabilidad en el cargo y que los hacen más propensos a influencias para mantenerse. Sin la figura del magistrado independiente, libre de ataduras políticas, es imposible rescatar el Poder Judicial. Este paso es de muy difícil cumplimiento en vista de la ideología política y del autoritarismo sectario y excluyente.
Asimismo, es necesario mejorar la formación intelectual de los jueces y abogados, lo cual requiere de una revisión de los programas de estudios de las universidades. Se deben reforzar algunas materias como argumentación y metodología jurídica, filosofía del derecho, derecho comparado, teoría general del derecho, historia del derecho, el análisis económico del derecho, lingüística y el aprendizaje de idiomas extranjeros. De esta manera, la formación del abogado venezolano será equivalente a los juristas del primer mundo.
El estilo de las sentencias judiciales debe ser revisado. Hay que desterrar la exposición enrevesada, con interminables citas de autoridad, que impiden conocer las razones del fallo. Las citas doctrinales (que abundan en nuestra jurisprudencia) deben limitarse a situaciones excepcionales y se deben sustituir por referencias jurisprudenciales.
En este sentido, hay que tener como referencia El libro de estilo de la justicia, dirigido por Santiago Muñoz Machado (Real Academia Española, ESPASA y Consejo General del Poder Judicial), y las reglas relativas a la estructura y la redacción de las sentencias de la Corte de Casación francesa. (Sobre estas reglas vale la pena consultar el trabajo de Ana Irene Vidal, publicado en el Boletín número 161 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales).
De acuerdo con las reglas de la casación francesas, los jueces deben exponer los criterios de interpretación jurídica que van a utilizar en sus decisiones. Todo en lenguaje preciso, según la recomendación acuñada por Azorín de “poner una cosa detrás de otra y no mirar a los lados”. En otras palabras, colocar una idea sobre el sujeto, el verbo y el predicado que evite la escolta del adjetivo, cuando este nada añade. Como decía Vicente Huidobro: “El adjetivo, cuando no da vida, mata”.
El rescate del Estado de Derecho exige la confección de un marco legal (como tuve oportunidad de referirme en mi artículo del pasado 16 de marzo: https://www.elnacional.com/opinion/el-marco-legal-de-las-inversiones/). Una legislación que permita mejorar los índices venezolanos es incompatible con el Estado comunal y la oferta del socialismo salvaje. Este conflicto de propuestas entre la apertura a las inversiones y los esquemas socialistas es lo que genera zozobra y dificulta aprovechar las posibilidades del país para derrotar el fracaso económico.
La confianza en el sistema judicial, además de lo señalado, requiere ir sin vacilaciones a la justicia digital. La creación del expediente electrónico que permita manejar los procesos apoyado en las nuevas tecnologías, como se hace ya en materia arbitral y en sistemas como el chileno.
La interpretación de la ley debe fundamentarse en las reglas del razonamiento y no en visiones burocráticas. Un ejemplo de ello lo constituye la sentencia de la Sala de Casación Civil número 20 del 5 de marzo pasado, que redujo los lapsos para formalizar los recursos de casación sobre la base de un supuesto respeto al principio de celeridad procesal. Ocurre que no se pueden reducir los lapsos porque estos son derechos de las partes. Esta decisión ha causado alarmas en el foro y debe ser revocada. Este fallo muestra la inclinación a introducir intereses burocráticos en la interpretación del derecho. No puede convertirse la justicia en un juego artificial, formalista, que privilegie los malabarismos procedimentales sobre los asuntos de fondo y el sentido de justicia de las controversias jurídicas.
La pandemia ha acelerado algunos cambios fundamentales en la vida cotidiana. Hay quienes piensan que luego de que se haya vacunado la mayor parte de la sociedad todo volverá a la “normalidad” (o “nueva normalidad”, como se llama). Son opiniones, pero resulta fácil pensar que ya no seremos los mismos. El camino hacia la digitalización ha comenzado y debe tener como propósito deslastrar al proceso de formalidades inútiles y de cargas burocráticas.
Si lo que se quiere es imitar el modelo de China o de Vietnam debe recordarse que ambos llegaron a acuerdos multilaterales con el Banco Mundial y el Fondo Monetarios Internacional en 1980 y en 1986, respectivamente. Se guiaron por el pragmatismo y se fueron a la economía de mercado.
Para que Venezuela logre ser un espacio para las inversiones extranjeras deberá mejorar los índices del Estado de Derecho. Solo así se podrán atraer las inversiones y recuperar la economía para un mejor destino poscovid-19.
