Mónica Castañé, madre de Belén Whittingslow, la joven paraguaya refugiada en Uruguay tras alegar persecución judicial por denunciar por acoso sexual a un profesor de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), solicitó este viernes a delegados del Vaticano una audiencia con el papa Francisco.
Así lo informó a periodistas la defensa de Whittingslow, el abogado Rodrígo Cuevas, quien acompañó a Castañé en una reunión junto al arzobispo de Río de Janeiro, el cardenal Orani João Tempesta, y el oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el monseñor español Jordi Bertomeu Farnós, en la sede de la Conferencia Episcopal Paraguaya, en Asunción.
Ante la solicitud de reunirse con el papa Francisco, los delegados dijeron que «van a evaluar eso» y darán «una respuesta oportuna sobre ello», expresó Cuevas.
La misión de los delegados de la Santa Sede, que arribaron a Paraguay este jueves, «es colectar toda la información y elevar un informe al respecto», añadió.
Al término de la reunión, la mamá de Whittingslow señaló a periodistas que los representantes del Vaticano «se mostraron sumamente interesados» en el caso.
«Eso me dio paz porque vi por primera vez un real interés», agregó Castañé.
El cardenal Tempesta y el monseñor Bertomeu fueron enviados a Paraguay para «escuchar y buscar ampliar el conocimiento» en torno al caso de Whittingslow, cuyos hechos se remontan a 2013 y que fueron denunciados en 2014, informó este jueves la UCA.
Whittingslow, exalumna de la UCA, alega ser perseguida por la Justicia paraguaya tras denunciar por presunto acoso sexual al catedrático y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Cristian Kriskovich.
El cardenal paraguayo Adalberto Martínez solicitó el pasado 11 de marzo al rector de la UCA, Narciso Velázquez, la desvinculación de Kriskovich.
La exalumna fue involucrada en dos procesos judiciales aún vigentes, uno en el ámbito penal por la presunta «producción de documento no auténtico» y otro civil por cuenta de una demanda de Kriskovich que reclama 450.000 dólares (unos 417.000 euros) por daños y perjuicios, según un informe de la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC).
La joven pidió en 2019 refugio en Uruguay, después de que la Justicia ordenara su captura por no presentarse a declarar en un presunto caso de compra de notas en la universidad.
Con información de EFE
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