Venezuela padece desde hace varios años de una inflación entre las más altas del mundo, asociada al constante encarecimiento de la divisa. Suele atribuírsele esta inestabilidad a fuertes distorsiones económicas, cuya resolución requiere de políticas de ajuste que restablezcan los equilibrios entre los agregados macroeconómicos de demanda y de oferta para desinflar las presiones al alza en los precios. La respuesta del (des)gobierno de Maduro ha sido reducir aún más una demanda ya de por sí devastada, privar a la actividad económica de financiamiento, sobrevaluar el bolívar y acentuar la desocupación de recursos productivos. Mientras, intenta apaciguar los reclamos de mayor ingreso de los empleados públicos con bonos que no suman para sus prestaciones. Debe financiarlos, además, con emisión monetaria del BCV. Al haber destruido la base impositiva del fisco, no dispone de los ingresos para ello. Tales desaciertos han prolongado el estado de postración de la economía, con grandes costos a la población. Hacen muy cuesta arriba alcanzar condiciones de vida dignas para los venezolanos en las próximas décadas. El destrozo económico y el empobrecimiento resultante han sido demasiado.
Se afianza entre muchos la convicción de que, sin un influjo significativo de recursos externos, será muy difícil instrumentar el ajuste adecuado. Su impacto sobre la reactivación de la economía no habrá de resultar de una respuesta encadenada del aparato productivo ante un aumento súbito de la demanda. Dada la inseguridad y la falta de garantías, la inestabilidad de precios y de tipo de cambio, el deterioro de los servicios públicos, la destrucción del tejido productivo nacional, la migración de mano de obra calificada y la desconfianza e incertidumbre que provocan, tal capacidad de respuesta se encuentra, hoy día, seriamente resentida. Es inelástica. Buena parte de los recursos que logren captarse, por tanto, sólo se traducirá en mayor inflación y alzas en el precio del dólar. El impacto deseado ocurrirá, más bien, por su capacidad de aliviar las condiciones que merman la oferta doméstica.
¿Y de dónde vendrán estos recursos? Fundamentalmente de la banca multilateral y de las inversiones en la actividad petrolera. Obviamente vendrán condicionados a cambios medulares en la conducción de los asuntos económicos, en procura de asegurar los retornos esperados. Conlleva condiciones que son, precisamente, las que habrán de destrabar la oferta productiva, es decir, el propósito buscado. Por los intereses poderosos surgidos en torno a la expoliación de los recursos de la nación, no parece que sea el régimen chavo-madurista el que produzca tales cambios. En consecuencia, el meollo del problema es el de siempre: cómo concertar la voluntad política mayoritaria capaz de llevarlos a cabo.
Empecemos por lo microeconómico, señalando las trabas a la actividad productiva a nivel de empresa. Además del desincentivo que representa una demanda disminuida, salta a la vista el costo que representa el deterioro de los servicios públicos, de la infraestructura vial, de puertos y aeropuertos, la destrucción del tejido industrial de proveedores, industrias complementarias, demandantes y servicios especializados, y la emigración de mano de obra calificada y del talento profesional. A ello debe sumarse la virtual desaparición del crédito de la banca local, inducido por el Ejecutivo. Además, las empresas enfrentan un marco institucional de leyes y reglamentos punitivos aplicados a discreción, y el colapso de la capacidad de respuesta administrativa y de gestión del Estado en múltiples áreas, y la corrupción.
Bajo un gobierno de transición, deberán concertarse préstamos con el Banco Mundial, el BID, la CAF y/o agencias de cooperación diversas, para financiar la recuperación de servicios, de infraestructura y para la capacitación de recursos humanos. En muchos casos, ya se disponen, en sus formulaciones básicas, de proyectos elaborados por venezolanos calificados que han trabajado en estas áreas. La banca multilateral y las agencias de cooperación tienen, a su vez, amplia experiencia, tanto técnica como de gestión, en este tipo de proyectos. Estos empréstitos deben acompañarse de reformas que hagan atractiva la inversión privada complementaria, así como para inducir la participación de la banca extranjera, en asociación con la banca local, para fondear la rápida ampliación de las posibilidades de financiamiento a los emprendimientos que vayan surgiendo.
Un objetivo central de estos recursos será el saneamiento de la administración pública. Debe acabarse con las corruptelas y el desaguadero de empresas y activos improductivos que paralizan al Estado. Aquellas que serán privatizadas (o devueltas a sus legítimos dueños) deberán recuperarse y contar con un marco jurídico propicio para un retorno satisfactorio, junto a condiciones para su desenvolvimiento exitoso en manos privadas. Otras podrán requerir la supervisión de agencias autónomas, con base en un marco regulatorio diseñado para optimizar su desempeño. Preparar todo esto requerirá de un esfuerzo de auditoría y de conciliación de cuentas que contribuyan con la transparencia necesaria para tomar decisiones que sean acertadas. Debe retomarse y profundizarse, asimismo, la descentralización de la gestión pública y su rendición de cuentas. Donde sea posible, debe promoverse su cogestión con la ciudadanía organizada. El aprovechamiento pleno de plataformas tecnológicas integradas permitirá una gestión ágil, eficiente y abierta, en beneficio de la población y de la recuperación económica.
En fin, el Estado deberá concentrar sus esfuerzos en la producción adecuada de bienes públicos y en la generación de las externalidades positivas que abaraten las actividades de producción, comercialización y financiamiento de bienes y servicios. Sobre esto es mucha la información disponible en la literatura económica, por lo que no tiene sentido insistir en eso aquí. Junto a la superación de los cuellos de botella que resultará de la inyección de recursos mencionada arriba, habrá de incentivar el aprovechamiento acelerado de la enorme capacidad de producción ociosa o subutilizada, dejada por la ruina económica de Maduro. Deberá reactivar también a la inversión, como las compras intermedias y las contrataciones, generando encadenamientos diversos que profundicen y amplíen las transacciones económicas.
A nivel macroeconómico, esto se traducirá en una mayor demanda de dinero, permitiendo, en el marco de políticas fiscales, cambiarias y monetarias adecuadas, la absorción de liquidez, vaciando su presión sobre los precios, incluyendo el de la divisa. Esta remonetización de la economía, hoy en sus niveles históricos más bajos, se expresará en la proliferación del crédito y de medios de pago, esenciales para la recuperación económica. La concertación de apoyo financiero del FMI habrá de facilitar, además, la reestructuración de nuestra agobiante deuda externa, proveyendo el respaldo para atraer inversiones y créditos de la banca internacional, así como para una mayor integración del intercambio comercial y financiero con el resto del mundo. Esto es diametralmente opuesto al ajuste empobrecedor, de Maduro.
Todo esto será posible, como se refirió al comienzo, si se logra contar con ingentes recursos externos. Su concertación, además de sujetarse al saneamiento y fortalecimiento profundo de las instituciones, deberá contar con expectativas de su eventual reembolso o utilidad, conforme a las condiciones negociadas. El único sector con la capacidad de generar ingresos suficientes como para avalar un endeudamiento como el que se estima requerirá Venezuela, es el petrolero. Por tanto, entre las condiciones básicas está el restablecimiento del ordenamiento constitucional y de las garantías para un juego democrático efectivo, lo cual redundará en el levantamiento de las sanciones que hoy lo afectan. Pero, además, requerirá de una formulación y puesta al día de una estrategia ambiciosa para la transición energética en que se ha embarcado el globo, de tal forma de hacer de la industria local competitiva en ese nuevo escenario, capaz de atraer las cuantiosas inversiones que se requerirán para aprovechar parte de los enormes recursos que yacen en nuestro subsuelo.
Lamentablemente, como en otras áreas, el (des)gobierno actual ha exhibido una negligencia criminal al respecto, además de haber saqueado a Pdvsa a fondo. Publicaciones especializadas señalan que entre los países que menos han hecho en América Latina, para prepararse para aprovechar las oportunidades de una transición a fuentes energéticas menos contaminantes de carbón, está Venezuela.
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