Venezuela se debate entre la reinstitucionalización del país con una visión democrática liberal o la continuación del Estado mafioso-criminal, que ha tenido como base el narcotráfico, la extracción ilegal de oro, la exportación corrupta del petróleo, el contrabando y crímenes de lesa humanidad.

El campo escogido para el enfrentamiento de las fuerzas políticas internas y externas   es la elección presidencial de 2024.

Nicolás Maduro inició su campaña con una purga dentro de sus fuerzas que tiene como excusa la lucha contra la corrupción y el reposicionamiento de su imagen con el programa de televisión Con Maduro+.

Parte de las estrategias populistas y también de la posverdad, el aspirante a la segunda reelección buscó este Primero de Mayo la reconexión con más de 5.500.000 empleados públicos que devengan el salario mínimo más bajo de Latinoamérica y el cuarto más bajo del mundo (5 dólares). Decretó un aumento de los cestatickets a 40 dólares que excluye a los pensionados y el incremento a 30 dólares del Bono de Guerra Económica que reciben los suscritos en el sistema Patria, mecanismo de control social con el que chantajean al pueblo.

A cambio les pidió su apoyo y resistencia para enfrentar la crisis que atraviesan, pues los 70 dólares de aumento total no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Familiar -en marzo superó por primera vez los 500 dólares- ni inciden en las prestaciones sociales y otros beneficios laborales.

Cabe mencionar que el otro programa de control social, la bolsa CLAP, que recibe 86% de las familias, apenas le llega a 4% mensualmente y a 24% cada 2 meses. Asimismo, 100% de los encuestados por Meganálisis el pasado mes de abril afirma que “no cubre casi nada sus necesidades” alimentarias. Son conocidas las denuncias de que cada vez son menos los productos que incluye y de muy mala calidad, cuando no están vencidos.

También, 8 de cada 10 venezolanos creen que la causa raíz de la crisis socioeconómica se debe al saqueo y no al bloqueo, como quiere hacer ver la narrativa de Superbigote. En el sondeo de Meganálisis afirman que Maduro y compañía sabían lo que ocurría en la estatal petrolera Pdvsa.

La otra estrategia es la escogencia del candidato opositor a su medida.

En la oposición, las fuerzas se dividen en dos bloques. Los que consideran la cohabitación con el Estado mafioso-criminal y los que luchan por la reinstitucionalización democrática del país –un objetivo desdeñado por el madurismo para su sobrevivencia–.

Para constituir un solo frente que permita salir con fuerza en la venidera elección presidencial se seleccionó el mecanismo de unas primarias para escoger el candidato de la unidad. Aquí, Maduro mina el éxito del proceso. Condiciona el uso de la infraestructura electoral al establecer el mandato de que el voto electrónico está integrado a la captahuella. Busca que los defensores de la democracia –secreto del voto– se abstengan para que los cohabitadores elijan su candidato. Eso le permitiría en cierta forma tener bajo control al representante de la supuesta unidad opositora. Por ahora, pareciera que es Henrique Capriles (Primero Justicia) el elegido por el Estado mafioso-criminal para repetir la experiencia de 2013.

El otro bando de la oposición, liderado por María Corina Machado, tendría que correr por fuera de la Plataforma Unitaria en la elección presidencial. Esto permitirá al régimen usurpador seguir con la narrativa de la comunidad internacional de la falta de unidad en la oposición. Y esto es lo que ha hecho que Maduro siga en el poder.

Por supuesto, es una premisa falsa. Porque cuando ha habido la mayor unidad de propósito de las fuerzas opositoras, como fue el establecimiento del gobierno interino en 2019, la política de máxima presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro –estrategia para forzarlo a negociar su salida– nunca fue ejercida por los países europeos ni la misma UE, haciendo de las sanciones económicas una amenaza no creíble, violable. Al punto de que sirvió para crear la ley antibloqueo que ha permitido el saqueo de Venezuela.

Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, afirmó este domingo en un programa de la televisión estatal española que “quienes no participen en las primarias son aliados de Nicolás Maduro (…) Por ende, estos políticos están en su agenda”.

López fijó posición sobre los llamados “alacranes” (falsa oposición que legitima el régimen de Maduro) y antes de la decisión sobre el uso de las captahuellas en las primarias que podría derivar en una nueva Lista Tascón, herramienta que significó la criminalización de los firmantes que solicitaron el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez en 2003 –se quedaron sin trabajo miles de empleados públicos y sin contratos de la administración pública el sector privado–.

Si en la primaria resulta ganador con un amplio margen un candidato que defiende la democracia liberal –tendencia dominante actualmente– será una fuerte amenaza para el Estado mafioso-criminal porque el rechazo a sus políticas es muy alto, 8 de cada 10 venezolanos según Meganálisis. “Han traído mal vivir, separación familiar y pobreza”.

La tendencia del Estado mafioso-criminal es atornillarse en el poder, controlando los medios de comunicación, manipulando el Poder Judicial, restringiendo las libertades civiles, cooptando los mandos militares y manejando el proceso electoral.

El modelo de dictadura de Daniel Ortega, a quien no le importa la condena de los gobiernos de la región, es una referencia para considerar por las fuerzas que luchan por la democracia liberal. Metió preso a 7 precandidatos en la última elección presidencial.

Además de lograr un candidato producto de las primarias, las fuerzas democráticas tienen que seguir en la protesta social y exigir las condiciones para un proceso electoral justo, libre y competitivo con el concurso de los gobiernos que no apoyaron la política de máxima presión y buscan un enfoque diferente. Si no se consigue por la interferencia del régimen de Maduro, retirarse usando la estrategia de Vladimir Lenin “un paso adelante y dos pasos atrás”.

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