Trino Márquez
El nuevo capricho de Nicolás Maduro es la Ley Orgánica de las Ciudades Comunales. Este es un antojo que aparece y desparece de sus radares cada cierto tiempo, de forma intermitente. Desde la reforma constitucional de 2007, cuando Hugo Chávez empotró la reelección indefinida, su verdadera aspiración, en un amplio conjunto de cambios, donde aparecían el Estado Comunal, el Poder Popular y la Nueva Geometría del Poder, entre muchos otras extravagancias con las que el fallecido caudillo pretendía demostrar su poder omnímodo sobre un país que él creía haber domesticado.
Ahora –en plena crisis del coronavirus, con el cuarto año consecutivo de hiperinflación, una caída fenomenal del PIB, empresas cerradas, desempleo e informalidad crecientes, emergencia alimentaria y éxodo indetenible de compatriotas– a Maduro no se le ocurre nada más exótico que impulsar la LOCC, ya aprobada en primera discusión por su obediente Asamblea Nacional, y promover una “amplia consulta nacional”, iniciada el 19 de marzo. Pareciera que los venezolanos no tuvieran nada importante de lo cual ocuparse, en un país donde escasean las camas para atender la pandemia, la electricidad, el agua potable, las bombonas de gas e Internet; y donde para cubrir la canasta alimentaria hay que ganar cien salarios mínimos. ¿Qué sentido de las prioridades tiene ese señor?
Según el proyecto de ley, Art. 5, el régimen aspira a fortalecer el poder popular, la democracia participativa y protagónica, el principio de corresponsabilidad y una nueva institucionalidad, más alineada con el socialismo. Representa la continuación de la Ley de Consejos Comunales, 2009, y la Ley de Comunas, 2010. Como ya lo han señalado varios abogados constitucionalistas, el proyecto constituye una violación abierta de la Constitución aprobada por ellos mismos. Atenta contra el Poder Municipal, las gobernaciones y alcaldías, y, en general, contra la descentralización, proceso que desde sus inicios se planteó establecer una división institucional del trabajo que le permitiera a cada nivel territorial de gobierno ejercer de forma eficaz sus respectivas competencias y atribuciones.
El proyecto de Ciudades Comunales parece un bazar de propósitos desatinados. Le lanza un misil a la propiedad privada mediante la creación de empresas comunales, “propiedad social directa”, Art. 56. La formación de Consejos Presidenciales del Poder Popular estimulará el “espíritu comunal”, en rechazo a la propiedad privada, Art. 57. Se plantea crear un amasijo de instancias burocráticas en el territorio de la ciudad comunal: el Parlamento Comunal, los consejos de Economía, Contraloría y Justicia y Paz comunales, además de una Comisión Electoral. La maquinaría estatal y municipal palidecerá frente a esa burocracia tan abigarrada. A la larga, si semejante proyecto prospera, las gobernaciones y las alcaldías quedarían anuladas, lo mismo que los consejos legislativos estadales y los consejos municipales.
Ese proyecto de ley tan inútil podría deberse a la necesidad que siente Maduro de hacerle un guiño a los sectores más dogmáticos del PSUV. A lo mejor considera que frente a los señalamientos de quienes lo acusan de ‘neoliberal’ desde el ala izquierdista, él debe hacer algunas concesiones para mantener entretenidos a esos nostálgicos del maoísmo o del propio Hugo Chávez, quien fue el iniciador de esa quimera. Pero, también podría ser que sus mismas convicciones hayan reaparecido. Su antigua formación en Cuba puede haber dejado sedimentos indelebles que emergen de nuevo. No sabemos cuál es el origen de ese ritornelo.
Cualquiera sea la motivación, el fulano proyecto de ley no es otra cosa que un despropósito. Vulnera el marco constitucional existente, desmonta las bases del Estado republicano en el nivel más cercano al ciudadano y deforma completamente la descentralización, vieja conquista de la provincia. Ese desmontaje pretende lograrlo en nombre de la “democracia real” y de la “verdadera participación”: la socialista. Todas las patrañas y lugares comunes se han puesto de manifiesto para intentar ocultar el verdadero objetivo de la ley: controlar el movimiento popular, asfixiar las protestas ciudadanas y acabar con la oposición en los sectores populares. Quien no se declare ferviente socialista y devoto de la revolución bolivariana será execrado.
La utilidad de ese esperpento también está cuestionada. Uno de los debates importantes en los países democráticos se relaciona con la construcción de “ciudades inteligentes”. Centros urbanos donde los ciudadanos puedan utilizar de manera más eficaz el tiempo, se reduzca al mínimo el impacto de la urbe sobre el medio ambiente, el tratamiento de los desechos sólidos sea eficiente, el desarrollo de la tecnología se encuentre al servicio de la comunidad para que se aligere el tráfico automotor, se trabaje con tecnologías limpias. En fin, se humanice la ciudad y el país.
La Ley de las Ciudades Comunales no guarda relación alguna con ese debate, sin duda crucial, que volverá a ser relevante cuando haya pasado la covid-19 y el planeta retorne a la normalidad. Aquí, como siempre, el régimen anda extraviado en preocupaciones que atormentaban a los socialistas utópicos, solo que estos de ingenuos no tienen ni un pelo.
