La controversia con la República Cooperativa de Guyana es una herencia de nuestro conflicto con los ingleses. No se trata de una diferencia reciente. Tampoco de una discusión menor. Son 160.000 kilómetros cuadrados que nos han sido arrebatados por abusos del imperialismo, por trampas políticas y jurídicas de potencias acostumbradas a tomar por la fuerza lo que conviene a sus intereses económicos. Desde hace mucho tiempo hemos enfrentado poderosos intereses, padecido groseros atropellos y denunciado injusticias en la defensa del territorio que nos pertenece, el que ocupara la Capitanía General de Venezuela y que Simón Bolívar, al frente de una abnegada generación nos legara con duros y largos años de lucha por la Independencia. Es un territorio que nuestros antepasados ganaron con sus sacrificios. Son títulos acreditados por la historia y por las leyes. No estamos solicitando favores ni excediéndonos en nuestro reclamo. Unos países se acordaron, en procedimientos y reglas del juego impuestas por su hegemonía, en quitarle a Venezuela parte de su territorio y apropiárselo. De eso se trata el reclamo que mantenemos por el conocido como territorio Esequibo.
Nuestros recursos naturales parecieran atraer enloquecidamente a países poderosos, requeridos de ellos para mantener sus niveles de vida y la dimensión de su influencia política. La seguridad de riquezas minerales fabulosas, el oro en primera fila, llevaron a Inglaterra a ponerle el ojo a esa región venezolana. Se sabían influyentes y movieron sus resortes. Pretendían llegar hasta el Orinoco, al final se transaron por un poco menos. Fue así como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se acordó con los Estados Unidos de América para imponerle a Venezuela a finales del siglo XIX un tratado de arbitraje. El 2 de febrero de 1897 se concretó el Tratado de Washington que llevó a la conformación de un Tribunal integrado por dos árbitros de los Estados Unidos, dos de Inglaterra y un dócil árbitro ruso. Ese proceso de fingido arbitraje fue un arreglo entre esas potencias. Concluyó el 3 de octubre de 1899 con el Laudo Arbitral de París, que sin análisis jurídico alguno y con base a caprichosas delimitaciones realizadas por el alemán Robert Schomburgk, quien cada tanto tiempo cambiaba esos límites en sus supuestas “autorizadas” opiniones, le regaló a Gran Bretaña un territorio que nunca había poseído y que siempre había sido venezolano. Ese laudo, o decisión de los árbitros, ha sido desde el inicio protestado por Venezuela. En 1944, el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita, con Caracciolo Parra Pérez como ministro de Relaciones Exteriores, planteó formalmente la rectificación del Laudo de París de 1899. Uno de los abogados que representó a Venezuela en el “arbitraje” que culminó en el Laudo de París, el norteamericano Severo Mallet-Prevost, fue solicitado como testigo, y en una publicación póstuma en la “American Journal of International Law”, en 1949, denunció las graves irregularidades y componendas, las trampas urdidas por los árbitros para llegar al fraude de ese Laudo de 1899. Dieciocho años después de la protesta oficial del gobierno de Medina Angarita, el 1 de octubre de 1962, el gobierno del presidente Rómulo Betancourt, con Marcos Falcón Briceño de ministro de Relaciones Exteriores, denunció el Laudo de París en el XVII período de sesiones de Naciones Unidas, acción política determinante que abrió negociaciones diplomáticas que llevaron, bajo el gobierno del presidente Raúl Leoni, el 17 de febrero de 1966, a Ignacio Iribarren Borges, ministro de Relaciones Exteriores, a suscribir el Acuerdo de Ginebra, juntamente con Michael Stewart, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Forbes Burham, Primer Ministro de Guayana Británica y negociador de la Independencia de Guyana que se declararía el 26 de mayo, tres meses después de la firma del Acuerdo con Venezuela. Este Acuerdo de Ginebra reconoce los reclamos de Venezuela y conviene buscar una solución pacífica y práctica al diferendo.
Ignorando el Acuerdo de Ginebra e impulsada por la presión de las más importantes y grandes compañías petroleras, con las que se encuentra en medio de un proceso de negociación de concesiones, en marzo de 2018 Guyana demandó ante la Corte Internacional de Justicia la validez del Laudo Arbitral de 1899, con lo que se formalizaría el despojo iniciado por los ingleses y sus socios cincuenta y dos años antes. El 6 de abril de 2022 la Corte Internacional de Justicia determinó que tenía competencia para conocer de la solicitud de la República Cooperativa de Guyana. Al poco tiempo, el 7 de junio de 2022, Venezuela protestó esa decisión de la Corte alegando excepciones a la admisibilidad de la demanda, conocidas como “excepciones preliminares”.
La Corte Internacional de Justicia acaba de decidir, el 6 de abril de 2022, que el Reino Unido no tiene participación en la resolución de problemas territoriales entre Guyana y Venezuela, lo que niega la solicitud de Venezuela de hacer del Reino Unido, firmante del Tratado de Washington y del Acuerdo de Ginebra, parte del proceso, tal como fue reclamado en las excepciones preliminares. Otro aspecto de la decisión de la Corte es aceptar que se revisará el fondo de la materia, los hechos fraudulentos del Laudo de 1899 denunciados por Venezuela, es decir, se incorporan los reclamos venezolanos a este expediente. Comienza ahora otra batalla en este largo y tortuoso camino que nos ha tocado transitar para impedir este grosero y enorme despojo tramado al calor del abuso de poder de grandes potencias.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro debe presentar, en consulta y trabajo conjunto con los expertos conocedores a fondo y en detalle de este asunto, sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia. No hay manera de evadir esta responsabilidad y gran oportunidad. Venezuela toda debe unirse en este desafío histórico.
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