El venezolano Jeison Catari Rivas sobrevivió al incendio registrado el 27 de marzo en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, México. Y es el único migrante imputado y arrestado por la Fiscalía de ese país por presuntamente iniciar el fuego que acabó con la vida de 40 personas.
Catari está preso desde hace dos semanas en el reclusorio el Cereso 3, tiempo durante el cual sus derechos no se han hecho valer.
El migrante permanece incomunicado desde su detención en el hospital general de zona 35 IMSS, en Ciudad Juárez. Sin embargo, su hermana Daniela Catari recibió una carta escrita el 8 de abril, cuando se llevó a cabo una audiencia sin previo aviso.
De acuerdo con una nota publicada por Univisión noticias, la hermana solo tiene información sobre el migrante gracias a lo que le cuenta el defensor público que le asignaron.
«Lo están limitando por algo. Por lo mismo creo que no le han dado la oportunidad de llamarnos. No sé qué le estarán haciendo, no sé cómo estará él de verdad. Una cosa es lo que digan personas y otra es lo que él realmente diga, escucharlo de su propia voz», denunció Daniela Catari en entrevista con Univision noticias.
Y agregó: «El abogado ya me había dicho que me iba a poder comunicar con mi hermano por llamadas, pero hasta el sol de hoy no he hablado con él por llamadas ni nada».
«Yo soy inocente, solo Dios sabe»
La carta escrita en una hoja de cuaderno comienza con la afirmación de que Jeison no inició el incendio. Sin embargo, agregó la nota de Univisión noticias, en el texto no hace mención alguna a cómo comenzó el fuego, ni lo ocurrido esa noche.
Eduard Caraballo López -quien también sobrevivió el incendio en Ciudad Juárez- dijo al medio estadounidense que Catari no tenía un yesquero en sus manos ni tenía intenciones de comenzar el fuego.
Además, explicó Univisión noticias, Caraballo se refirió a un grupo de migrantes proveniente de Guatemala molestos tras dos semanas detenidos. Estos habrían causado el incendio en protesta y para «llamar la atención de los guardias y que les dieran agua potable».
El venezolano no es el único imputado por la tragedia del 27 de marzo. Otras cuatro personas están en la misma situación: funcionarios de bajo rango del Instituto Nacional de Migración y guardias de seguridad de una empresa privada.
Además, Salvador González, delegado del INM de Chihuahua -y otros tres funcionarios- por «conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas», de acuerdo con la nota de Univisión noticias.
Más información en El Nacional
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