Cinco personas fueron detenidas hasta el momento en México en relación con la muerte de 39 migrantes a causa de un incendio en una estancia migratoria en la fronteriza Ciudad Juárez, indicaron este jueves autoridades mexicanas.
«La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero hoy de madrugada se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión», detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Detalló que son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Por el momento, compartió, fueron cumplimentadas cinco de las órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.
Por otra parte, Herrerías detalló que se solicitó por parte de la FGR la documentación que acredite el funcionamiento de estas estaciones migratorias para saber cuáles son sus obligaciones «y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles».
Y concretó que estas instalaciones, denominadas estancias provisionales, están creadas para alojar «de manera provisional» a personas que no acrediten su estancia regular en el país y hasta que se les lleve a otro tipo de instalación del INM.
Dentro de la estación se encontraban varios empleados de seguridad privada de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V, cuyos socios son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.
La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se pudo conocer una primera irregularidad en torno a la empresa: solo tenía reportados cuatro agentes de seguridad con 10 uniformes. «Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados del país», compartió la secretaria.
Por esto, continuará la investigación de la que, aseguró Rodríguez, se deslindarán responsabilidades de la empresa pero también del INM.
Sobre la procedencia de los 39 migrantes fallecidos, Rodríguez dijo que seis son hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.
Reparación del daño
La titular de la SSPC dijo que por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se iniciará el proceso para lograr la reparación del daño de los familiares de las víctimas.
«Sabemos que el dolor que genera una pérdida de vida no se supera jamás, pero es nuestra obligación proteger a las familias de las víctimas», añadió.
Por último, ambas funcionarias aseguraron que no pueden dar mayores detalles sobre la investigación puesto que se tienen que continuar las pesquisas y se están llevando a cabo las audiencias.
El presidente mexicano prometió esta mañana que no habrá impunidad tras el incendio que mató a los migrantes, pero evadió responder si renunciará el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria pertenece a un cónsul de Nicaragua.
«No va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, y hablé con el fiscal (general, Alejandro Gertz) para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia. Que actúen con profesionalismo, absoluta libertad», declaró este jueves en su rueda de prensa diaria.
El escrutinio sobre el Gobierno de México ha crecido desde el incendio del lunes en una estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde había casi 70 migrantes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Venezuela retenidos para su deportación.
Vídeos de seguridad filtrados muestran a agentes impasibles mientras migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta, y connacionales de las víctimas han denunciado que la tragedia «se pudo evitar».
El mandatario mexicano evitó esta mañana responder si la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa) estaba a cargo de la seguridad privada del centro migratorio y es propiedad de Elías Gerardo Valdés, cónsul de Nicaragua en Nuevo León y Coahuila, que ha recibido contratos multimillonarios del Gobierno, según reportó el medio LatinUs.
De igual modo, evadió exigir la renuncia de Garduño Yáñez, titular del INM, pese a los reclamos de la oposición y defensores de derechos humanos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció el miércoles que ha identificado a ocho presuntos responsables del incendio que incluyen a dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco agentes de la empresa de seguridad privada.
Con información de EFE
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